Una auditoría realizada por Contraloría a los procesos referidos al Registro Social de Hogares (RSH) detectó desfases en las bases de datos de información, además de “otros retrasos”, los que afectaron a miles de postulantes al bono Covid-19.
Vale recordar que el Bono COVID 19 entregó un monto de $50.000 por cada carga familiar, y la misma cantidad para aquellos beneficiarios que no contaban con causantes (cargas).
Según la ley aprobada en el Congreso, el beneficio se entregó con los siguientes requisitos:
- Personas con Subsidio Familiar (SUF). En este caso, el SUF debe haber estado vigente al 29 de febrero de 2020. Recibirán $50.000 por cada causante del subsidio.
- Familias del Sistema Seguridades y Oportunidades (SSyOO). Estas personas deben haber estado incorporadas en ese subsistema al 29 de febrero de 2020. Se le entregará $50.000 por familia.
- Hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, y sin beneficios como el de Asignación Familiar. A ellos se les entregará $50.000 por hogar.
¿Cuántos casos fueron afectados?
La Contraloría determinó que para aquellas peticiones realizadas hasta el 21 de marzo de 2020, existieron “3.014 casos que fueron resueltos con posterioridad al 26 de igual mes y año, fecha de corte para determinar los habilitados para el primer pago delbono Covid-19; por lo cual los ciudadanos no vieron reflejada esa modificación para ese mes de marzo, lo que pudo afectar su calificación socioeconómica, impidiendo su habilitación para la obtención de dicho beneficio”.
¿Qué dice Contraloría?
El informe del ente fiscalizador detalla que: “se constató que las bases de datos suministradas por la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC; por el Fondo Nacional de Salud, FONASA; y por el Instituto de Previsión Social, IPS, relativas al seguro de cesantía, a beneficiarios y cotizantes del FONASA, y a pensiones, respectivamente, para el mes de abril, tenían un desfase de 5 meses, y no de 2, como lo señalado por la Subsecretaría de Evaluación Social”.
“De lo expuesto se advierte que la información contenida en las bases de datos que componen el instrumento utilizado para determinar los beneficiarios y beneficios que otorga el Estado, esto es, el RSH, presenta desactualizaciones y/o desfases, lo que genera riesgos de inconsistencias de puntajes a una fecha determinada”, afirma.
“Es por ello que utilizar una Calificación Socioeconómica de una persona obtenida con datos extemporáneos, puede no reflejar la realidad actual de quienes postulan a los referidos subsidios y, en consecuencia, no ser beneficiarios de estos, a pesar de que producto de la pandemia que enfrenta el país se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad o, en defecto otorgarselo a quienes no cumplen con tal requisito”, agrega.
Otros problemas evidenciados
“Adicionalmente, se comprobaron 69.802 requerimientos de modificación, cuya solución del caso demoró más de 5 días hábiles, plazo máximo establecido en la Resolución Exenta N° 72 de 2020, que ‘Aprueba Protocolos Técnicos para la Actualización y Rectificación de Información de Registros Administrativos y de Complemento de Información al Registro Social de Hogares, -del decreto supremo N° 22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia- Deja sin Efecto Resoluciones que Indica’, de la Subsecretaría de Servicios Sociales llegando incluso a superar los 50 días”, sostiene.
También se constataron otros 1.048 casos respecto de los cuales no se había dado respuesta a la modificación solicitada por el ciudadano, encontrándose en proceso y superando los precitados 5 días hábiles.
Finalmente, la Contraloría indica que el reglamento para el Subsidio Mínimo Garantizado debía emitirse 90 días después de publicada la ley. Sin embargo, al 6 de agosto del 2020, 125 días después, aún estaba en revisión.
