Luego de dado a conocer recientemente el incidente en que dos funcionarios de la Seremía de Salud en Osorno y en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización a la normativa del Plan de Descontaminación Atmosférica de la ciudad de Osorno- PDAO, vivieron una situación compleja al ingresar a un domicilio en que el dueño de casa mantenía en su poder un arma de fuego.
Duras críticas surgieron al interior del organismo público en cuento a los protocolos que existen para proteger a los funcionarios ante situaciones de amedrentamiento, explicó Alvaro Olguín, Abogado y Director de la Asociación de funcionarios de la Secretaría Ministerial de Salud – AFOSALUD
La asociación criticó el actuar de las autoridades del organismo, las que a su juicio no han actuado como corresponde, defendiendo los derechos de sus trabajadores, los que se vieron enfrentados a una situación de riesgo mientras realizaban su trabajo y sufrieron el atentado a su calidad de autoridad fiscalizadora.
Los funcionarios afectados interpusieron una demanda ante la Fiscalía Local de Osorno y solicitaron a la autoridad Sanitaria y Seremi de Salud se hicieran parte de éste proceso judicial, lo que de momento no ha sido atendido, así como tampoco se ha pronunciado públicamente para condenar los hechos o convocado a los funcionarios en general, para dar cuenta de las medidas preventivas que aplican en estos casos.
Juan Antonio Espina, Director de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de la región de Los Lagos explicó que se ha solicitado a la jefa de la oficina provincial de Osorno, que revierta el estado de omisión que han tenido frente a tan grave hecho.
Igualmente durante la presente semana ambas asociaciones informaron que presentaran una denuncia por no cumplimiento de deberes militares en contra de Carabineros, ya que ante el delito flagrante de atentado a la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, los fiscalizadores de la Seremi de Salud de Osorno fueron intimidados con arma de fuego, lo que es penado por el Código Penal y Carabineros sólo se limitó a verificar si correspondía a un arma debidamente inscrita y a consultar si existió amenaza de muerte, no adoptándose a juicio del abogado Olguín, el procedimiento como correspondía.
