El jefe de la décima zona de Carabineros indicó que cualquier carabinero tiene derecho a hacer uso de defensa institucional, en causas ante Tribunales de carácter particular.
El general Jorge Karachón salió al paso de las críticas por el uso de un vehículo y un abogado de la institución por parte de un oficial, quien debió enfrentar a tribunales por una causa personal, indicando que todos los funcionarios de Carabineros, cualquiera sea su unidad o rango, tenían derecho a contar con ese apoyo de la institución.
Se trata del comandante de Carabineros Sergio Fuentealba, actual jefe de finanzas de la décima zona, quien logró en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, la suspensión condicional de una causa por desacato, en el marco de una denuncia por violencia intrafamiliar; quedando con las cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, al domicilio institucional en que residen su esposa y su hija, y de porte de armas fuera de su lugar de trabajo.
A dicha audiencia, el oficial de Carabineros asistió acompañado de un abogado que presta servicios a la institución, trasladándose en un vehículo de Carabineros. El general Jorge Karachón, jefe de la Décima Zona validó esa situación, afirmando que cualquier carabinero tiene derecho a esa defensa de carácter institucional en una causa personal
El Comandante de Carabineros Sergio Fuentealba, además de esta causa, debería enfrentar otras dos investigaciones por desacato, una por presunto maltrato a su esposa por la que se querelló en su contra el SERNAM, y que se ventila en tribunales de Santiago, al igual que otra por presunto maltrato a su hija.
El general Jorge Karachón indicó que Carabineros está esperando el resultado de las investigaciones judiciales y administrativas, para eventualmente determinar sanciones en contra del funcionario policial.
El Comandante Sergio Fuentealba permanece haciendo uso de licencia médica, presentada tras comparecer ante el tribunal de garantía de Puerto Montt.
Fuentes de Carabineros precisaron que efectivamente los funcionarios tienen derecho a que el área de servicios jurídicos de la institución les represente. Sin embargo, ante delitos de gravedad, el área puede negar dicha asistencia, para no comprometer a la institución.
