La consejera regional por Llanquihue, Marion Fernández, anunció que se solicitará la intervención de la Contraloría General de la República para revisar las asignaciones directas de recursos por parte del Gobierno Regional.
La iniciativa busca evitar irregularidades como las ocurridas en el denominado «caso fundaciones», aún bajo investigación del Ministerio Público, y establecer criterios claros de acceso a fondos públicos, así lo explicó la consejera Fernandez al ser consultada por el objetivo de este oficio.
Fernández expresó su preocupación por designaciones “a dedo” y por la falta de respuesta del Ejecutivo regional ante consultas sobre nuevas contrataciones y despidos.
Aseguró que incluso los montos máximos permitidos para asignaciones directas —del orden de los 15 millones de pesos— han sido superados. La autoridad recalcó que la fiscalización debe fortalecerse, y que la ciudadanía merece procesos transparentes e igualitarios.
