Distintos actores sociales y políticos están preparando una ofensiva judicial en contra de las autoridades de gobierno a nivel regional ante el posible abandono de deberes y un eventual delito de omisión de denuncia, que involucra a funcionarios públicos, debido a la inoperancia ante la toma del predio fiscal Piedras Blancas (noviembre 2022), en el sector de Correntoso, comuna de Puerto Montt, por parte de una comunidad indígena.
Esta reacción se da luego que la seremi de Bienes Nacionales, Pamela Lagos, confirmara que no habrá denuncia por Ley de Usurpaciones, agregando que Gobierno Regional recibió una petición de concesión -por cinco años- por parte de la comunidad usurpadora.
El abogado penalista, Juan Cristóbal Grünwald, indicó que hay fallos de casos similares donde incluso la Corte Suprema ha ordenado a las delegaciones presidenciales a aplicar la ley.
Cabe mencionar que la ex delegada presidencial de la región de Los Lagos, Giovanna Moreira, tuvo que acatar un fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en relación al recurso de protección que presentó en su momento la agricultora, Jacqueline Pohl, propietaria del Lote B de Línea Pantanosa, más conocido como el Fundo La Vega de Frutillar, en el marco del conflicto con la comunidad indígena Weichan Mapu.
En la resolución, el Tribunal de Alzada le recordó a la ex autoridad usar los medios necesario para resguardar la seguridad de la agricultora, como del predio. También se hizo presente en el recurso de protección presentado por Pohl, que se abstuviera la ex delegada de llevarle adelante acuerdos con la comunidad indígena en base al predio de la denunciante.
En tanto, el diputado Fernando Bórquez, manifestó que la delegada presidencial, Paulina Muñoz, está faltando a sus deberes, recordando que en julio de 2023 Bienes Nacionales había solicitado el desalojo, medida que hasta hoy está pendiente (VER DOCUMENTO).
Por su parte, el representante del Movimiento Ecologistas del Sur, Mauricio Martínez, contó que la comunidad de Correntoso está buscando asesoría legal para presentar una denuncia en contra de quienes resulten responsables de esta situación.
Consultado sobre este tema, Alexis Casanova, consejero regional, manifestó que a la fecha no hay ningún tipo de solicitud de concesión del predio Piedras Blancas, recalcando que la delegada presidencia está infringiendo la ley.
Asimismo, el core indicó que en primera instancia se estaría cometiendo el delito de omisión de denuncia, estipulado en el artículo 177 del Código Penal, que obliga a los funcionarios público a denunciar hechos ilegales, como la toma del predio de 600 hectáreas de propiedad de Bienes Nacionales.
Respecto de este caso, desde la Seremia de Bienes Nacionales (BB.NN) respondieron el lunes pasado a través de un comunicado, confirmando que no habrá denuncia bajo la Ley de Usurpación «ya que el Fisco —como propietario del predio— no ha presentado denuncia bajo esa figura legal».
Esto último, debido a que actualmente está en trámite una solicitud de concesión presentada por la comunidad autónoma Kutxalpillan, que de acuerdo a Bienes Nacional su aprobación o rechazo está en manos del Gobierno Regional de Los Lagos, entidad -dice el documento de la entidad pública- facultada para resolver este tipo de solicitudes.
Asimismo, desde BB.NN argumentó que «el desalojo tampoco puede ser llevado a cabo en este momento, ya que se está a la espera del resultado del estudio de ancestralidad solicitado por la comunidad a CONADI, el cual debe esclarecer eventuales vínculos culturales u ocupacionales con el territorio.»
Además, en el comunicado expresaron que el Ministerio de Bienes Nacionales «ha realizado diversas fiscalizaciones, reuniones en el territorio y participa activamente en la mesa de coordinación intersectorial liderada por la Delegación Presidencial Regional, con el fin de abordar esta situación de forma legal, responsable y mediante el diálogo con las comunidades involucradas.»
Al cierre de esta nota, se esperaba la postura tanto de la delegada presidencial como de la seremi de Bienes Nacionales.
