Un nuevo capítulo tuvo en las últimas horas la polémica que rodea el accionar de las autoridades del gobierno ante la toma del predio de Bienes Nacionales Piedras Blancas, en Correntoso, comuna de Puerto Montt, situación que se arrastra desde noviembre de 2022 cuando una autodenominada comunidad indígena se tomó el terreno de 600 hectáreas.
La delegada presidencial en la región, Paulina Muñoz, salió al paso de las críticas que ha recibido su gestión para resolver la usurpación del terreno fiscal y que tiene enfrentados a la comunidad de Correntoso y la comunidad indígena, compuesta por personas foráneas y que no tienen relación alguna con la zona.
Muñoz, fue clara en sostener que un eventual desalojo requiere de planificación y coordinación, aseverando que se trabaja en esa línea.
Asimismo, aclaró que este caso de usurpación se arrastra desde la administración del ex presidente Sebastián Piñera y que ella ha liderado cinco encuentros con todos los organismos involucrados, tanto de la sociedad civil como del aparato público, a fin de destrabar este acto ilegal.
Al cierre de esta edición se esperaba un nuevo pronunciamiento desde la Seremia de Bienes Nacionales, que también ha sido blando de críticas por su rol, el que pudiese enmarcarse, al igual que el de la delegada, en un abandono de deberes y una infracción al artículo 175 del Código Penal, que se refiere a la omisión de denuncia por parte de funcionarios públicos ante un delito flagrante.
