Desde CMPC, Corma y la CPC condenaron el nuevo atentado que se registró durante la madrugada del domingo en La Araucanía, donde dos trabajadores de la primera compañía fueron atacados por desconocidos. Uno de ellos falleció y el otro se mantiene herido de gravedad. Según detalló Carabineros, el hecho ocurrió en la intersección de las rutas CH-181 y R-283 en la comuna de Victoria, cuando desconocidos dispararon contra el automóvil donde se desplazaban los dos vigías del predio Los Prados.
Al respecto, Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC, mencionó que «estamos en un día extremadamente triste para la compañía, triste para la región. Estamos absolutamente consternados en CMPC por los hechos que han ocurrido anoche, en donde muere un trabajador inocente que está realizando su labor habitual en el sector forestal».
A su juicio, lo ocurrido «más que una afectación o un atentado al sector forestal, lo que se está haciendo aquí es un atentado a una familia, a un trabajador inocente que además ha emboscado en una situación sorpresiva en la noche y muy gravemente con armamento de guerra». Añadió que desde el año 2022, «producto de atentados de esta naturaleza, desde CMPC hemos debido sufrir la muerte de cuatro trabajadores distintos».
En esa línea, agregó que «la situación de seguridad en la región es profundamente importante». En tanto, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), su presidente Rodrigo O’Ryan mencionó: «Condenamos con toda la fuerza este cobarde y brutal ataque, que no podemos permitir que quede impune».
«A este crimen se suma el atentado ocurrido ayer en Carahue, donde fueron incendiadas múltiples maquinarias, mostrando que la violencia se ha transformado en una amenaza permanente para quienes trabajan en el sur de Chile», afirmó el presidente de Corma. A ello sumó que «estos hechos no solo golpean a la actividad forestal, sino que hieren profundamente a todo el mundo rural: a los trabajadores agrícolas, a los transportistas, a los pequeños emprendedores y a las industrias que día a día aportan al desarrollo del país desde las regiones». «Exigimos al Estado y a sus autoridades acciones inmediatas, firmes y efectivas para garantizar la seguridad en el sur. Estos atentados ocurren incluso bajo Estado de Excepción, lo que demuestra la osadía de quienes están detrás», cuestionó el presidente de Corma. «El nivel de violencia ya es insostenible, y si el Estado baja la guardia podríamos pasar a lo que antes solo veíamos en países tomados por el narcoterrorismo. No bastan medidas para contener: se debe enfrentar el problema de fondo, con decisión y eficacia», cerró O’Ryan.
En tanto, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) afirmaron a través de una declaración que «condenamos con fuerza y lamentamos profundamente el cobarde asesinato de un trabajador de la empresa CMPC, víctima de un violento ataque ocurrido la noche del sábado en Victoria».
«Enviamos nuestro más sentido pésame a su familiares, compañeros de trabajo y amigos, y también a toda la comunidad de la región de La Araucanía y la macrozona sur, que lleva años sufriendo a causa de la violencia y el terrorismo, que afecta a las personas y al mundo productivo», expresaron.
Agregaron que «este acto reviste la máxima gravedad y no puede ser normalizado. Requiere actuar con total celeridad por parte de las autoridades a cargo, de manera que los asesinos sean identificados y sancionados con el máximo rigor de la ley. Esperamos que se haga justicia a la brevedad y pedimos al Gobierno y al Estado de Chile -responsable de la seguridad pública- actuar con urgencia y determinación para garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de todos los habitantes de nuestro país». «Se requiere fortalecer el orden público y a todas las instituciones encargadas de perseguir el crimen, de manera de avanzar en estrategias de inteligencia y persecución penal eficaces», enfatizaron.
«Además del gravísimo perjuicio a la vida y la paz social provocado a los habitantes de esta zona del país, hechos como el ocurrido en Victoria dañan seriamente el normal funcionamiento de las empresas al minar las condiciones mínimas de seguridad que se requieren para invertir y desarrollar actividades productivas que generen empleo, oportunidades y bienestar a las personas», mencionaron.
En esa línea, zanjaron que «los chilenos no pueden esperar más. La seguridad es un derecho fundamental y una condición esencial para el bienestar y el futuro del país».
