Una serie de reacciones generó el caso de Bernarda Vera, mujer que figura dentro del listado de 1.469 personas detenidas desaparecidas durante dictadura, y que según nuevos antecedentes, se encontraría viviendo en Argentina.
Así lo consignó un reportaje de Chilevisión, que según las versiones recogidas, apuntaría a que Vera habría logrado escapar al vecino país por la cordillera, junto a un grupo de personas. En 1978 Vera habría obtenido un permiso de residencia en Suecia; en 1984 se convirtió en ciudadana de ese país, y en 1999 habría retornado a Argentina.
Esto ha puesto en tela de juicio lo que detalla el Informe Rettig, que señala que la mujer habría sido ejecutada, y de paso, puso bajo cuestionamiento al Gobierno y al Plan Nacional de Búsqueda.
«Falta comprensión respecto al plan»
Esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó los cuestionamientos respecto al Plan Nacional de Búsqueda.
Según detalló, este tiene «una institución vinculada al seguimiento, una integración público-privada que es el Comité de Seguimiento». Dicho comité, afirmó, «ha sido informado en enero de este año, antes de la respuesta del Estado Sueco», donde se informó que Vera tuvo un permiso de residencia en 1978 y en 1984 se convirtió en ciudadana de ese país.
«El Estado Sueco informó en el mes de mayo, producto del oficio que fue remitido en el mes de abril, dado los antecedentes de la investigación ha arrojado el plan, y además fue complementado en junio», detalló Cordero.
Consultado por si podrían haber casos similares, el ministro apuntó a que la gente de Chilevisión -canal que emitió el reportaje- «comprenda» el contexto del Plan Nacional de Búsqueda.
«Falta comprensión respecto a qué es el Plan. El Plan está diseñado para la construcción de las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada. Yo quiero ser muy cuidadoso: no solo hay que resguardar la verdad, sino que también hay que resguardar la situación familiar de las víctimas. Creo que es conveniente reguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera. Tratar esa información con cuidado y responsabilidad», apuntó.
En esa línea, Cordero enfatizó que existen fuentes «que forman parte de la información reservada que no podemos divulgar. Yo no puedo estar divulgando comunicaciones entre el Estado de Chile y el Estado sueco que han permitido tener determinado tipo de información».
«Lo que sí quiero decir, es que la información que hoy en día existe sobre la situación de Bernarda Vera, es producto del Plan Nacional de Búsqueda», subrayó.
Con todo, el secretario de Estado precisó que en el contexto de la construcción de trayectorias que elabora el Plan Nacional de Búsqueda, «el Estado de Chile tiene conocimiento de que hay muchas víctimas no calificadas, o que bien sus calificaciones fueron rechazadas en el contexto de la Comisión de Verdad y Reconciliación y que luego, producto de la construcción de trayectorias, se ha podido detectar que existen errores».
«En segundo lugar, de las personas que originalmente fueron calificadas, hay muchas otras que han sido calificadas con posterioridad. Y la manera en que han terminado siendo calificada con posterioridad es con sentencias judiciales. No es posible en Chile hoy día, después de haber presentado el informe Rettig, calificar administrativamente o retirar del Estado a víctimas de desapariciones».
Investigación de Justicia
Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, también abordaron el contenido del reportaje a través de un comunicado, donde detallan los procesos que han estado involucrados en torno al caso de Bernarda Vera.
En el texto subrayan que «el caso ha sido objeto de una larga y rigurosa investigación administrativa por parte del Programa de Derechos Humanos, en su calidad de órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, desde inicios del año 2024».
Dicha investigación, detallan, comenzó a propósito del trabajo de elaboración de trayectorias de víctimas del llamado «episodio Liquiñe», a raíz del cual se detectan incongruencias en los relatos de algunos testimonios.
«Ante esas incongruencias en los relatos, desde el Programa se remitieron comunicaciones oficiales a distintas instituciones (PDI, Servicio de Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, (ACNUR) entre el 6 de mayo de 2024 y el 9 de agosto de 2024, para poder recabar antecedentes. Ninguno de estos oficios entregó información relacionada a la víctima», agregan. En tanto, en abril de 2025 «se vuelve a solicitar información a la Cancillería y en mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco».
Justicia subraya que «si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como ‘Bernarda Vera’ con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. Ministro en Visita Extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa Latorre, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda».
«Adicionalmente al envío de los antecedentes al tribunal competente, se actualizó la información a la familia en enero y se informó, en forma reservada, en mayo al Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda de la investigación en curso y su remisión a la instancia judicial correspondiente», detallaron.
Asimismo, enfatizan que casos como estos, donde puedan existir dudas sobre los hechos ya consignados por el Estado en instancias judiciales o administrativas previas, «constituyen una excepción dentro del universo total de 1.469 personas calificadas como víctimas de desaparición forzada».
«Es justamente el trabajo de revisión de trayectorias que se encuentra en curso el que ha permitido relevar casos como el de Bernarda Rosalba Vera Contardo, o como el caso del joven Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 14 años de la ciudad de Arica que, si bien fue calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, no quedó en los registros de víctimas por un error de transcripción en los listados de la comisión. Ambos casos han sido puestos en conocimiento de los tribunales de justicia para que éstos puedan determinar una verdad judicial y ordenar las correcciones necesarias», señala el texto.
Asimismo, expresan que toda esta información, junto con la cronología de la investigación administrativa aún en curso, «fue entregada por la Subsecretaría de Derechos Humanos al equipo investigador de Chilevisión en entrevista concedida el presente mes, que esperamos que sea incluida en la cobertura del tema y así contar con la información completa del caso».
Trabajo del Plan Nacional de Búsqueda
En el comunicado, Justicia también entrega detalles en torno al trabajo específico que ha realizado el Plan Nacional de Búsqueda.
En ese sentido, subrayan que dicho plan «ha permitido reunir y analizar el mérito de información que pudiera ser comprobable y veraz para ponerla en conocimiento de los tribunales competentes. Este proceso de más de un año de trabajo ha sido impulsado con el resguardo de la identidad de las personas que forman parte de investigaciones en curso que aún no estén cerradas y cuidando su intimidad del juicio público que pueda basarse en información incompleta».
«Hoy el Estado cuenta con canales para la entrega de nuevos antecedentes, los que están disponibles en la información de contacto del sitio web, así como en todas las seremis de Justicia y Derechos Humanos a nivel nacional. Contar con dichos medios resulta tan importante como incentivar a la población, a testigos, incluidos los perpetradores que puedan tener información relevante, a entregarla para poder ser indagada y corroborada», añaden.
Agregan que previo al establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda había 14 causas que contaban con cuadernos administrativos de la búsqueda de detenidos desaparecidos, llevados a cabo por las y los ministros en Visita Extraordinaria de los tribunales de justicia, para causas de crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1990.
«Desde el establecimiento del Plan Nacional de Búsqueda y, hasta la fecha, dicho número ha aumentado a 59 causas que cuentan con dichos cuadernos ya sea abiertos en el contexto de nuevas querellas y denuncias o al alero de una causa penal principal. El Programa de Derechos Humanos ha presentado 8 nuevas querellas criminales, se han realizado más de 100 diligencias en terreno, y todo el trabajo de investigación continuará con el mismo rigor y responsabilidad que ha caracterizado este proceso», agregan.
Fuente: Emol.com
