Hace un año, el Congreso Nacional aprobó esta normativa que contiene aspectos claves como la calificación de delitos tipo y la incorporación de técnicas especiales de investigación, tales como intervención telefónica, uso de agente encubierto, activación remota de dispositivos, y tratamiento automatizado de datos personales.
Desde la ONG Campo Seguro, a través de su gerente Francisco Muñoz Le Breton, han sido enfáticos al afirmar que a pesar del tiempo transcurrido hay temáticas importantes de la ley que están al debe y se debe regularizar a la brevedad para que la instancia no “solo quede en el papel”.
Muñoz agregó que durante este año no se han registrado actos terroristas en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, sin embargo, desde el 2020 a la fecha han ocurrido más de 60 de estos hechos. Que estos graves delitos hayan disminuido se debería a la mayor presencial policial, además de las causas penales y detenciones ejecutadas.
Para robustecer la legislación vigente y para reforzar la seguridad de los sectores rurales del país, desde enero del 2024 -con el magro registro de sólo una persona condenada por acto terrorista- Campo Seguro sostuvo audiencias con senadores y diputados de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, y se enviaron oficios a las Comisiones de Seguridad del Senado y Cámara de Diputados con propuestas de los contenidos más relevantes para estos fines.
