En un operativo conjunto entre la Fiscalía Local de Río Negro y la Policía de Investigaciones, se logró la detención de cuatro personas vinculadas al comercio ilícito de armamento. La investigación, que se extendió desde inicios de 2024, puso al descubierto un sofisticado sistema de ventas ilegales que operaba bajo la fachada de un comercio establecido en la ciudad de Osorno.
El «modus operandi» del sobrestock
De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el líder de la organización utilizaba su posición como propietario de una armería para simular transacciones legales. Mediante estas «ventas fictas», lograba generar un excedente de proyectiles que luego eran desviados hacia el mercado informal.
Este sobrestock de municiones era comercializado a terceros que no contaban con las autorizaciones legales requeridas por la Ley de Control de Armas. Además, la red extendía sus operaciones hasta la Región Metropolitana, desde donde trasladaban drogas y artículos de pirotecnia para su distribución en la zona sur.
Incautaciones masivas en la provincia
Los allanamientos, realizados los días 27 de febrero y 2 de marzo, incluyeron el registro de domicilios en Río Negro, Purranque y Osorno. En los procedimientos se incautaron seis armas de fuego, entre las que destacan un fusil, una carabina, escopetas y revólveres.
Respecto a las municiones, las cifras oficiales dan cuenta de un decomiso masivo que supera los 11.000 cartuchos de diversos calibres. También se incautó droga del tipo ketamina y más de 300 artefactos pirotécnicos que estaban destinados a ser vendidos en la comuna de Purranque. El subprefecto Antonio Geldres, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Sur, detalló el alcance de la operación.
Por su parte, la fiscal subrogante de Río Negro, Fernanda Vargas, explicó las acciones legales tras la formalización y detalló que la Fiscalía formalizó la investigación por delitos de la Ley de Control de Armas y Ley 20.000, estableciendo que el dueño de la armería realizaba ventas fictas para generar un sobrestock destinado a terceros sin permisos.
Respecto al futuro judicial de los implicados, la Fiscalía de Río Negro solicitó la prisión preventiva para tres de los detenidos, sin embargo, el Juzgado de Garantía solo otorgó esta medida para uno de ellos. Para los otros dos imputados, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que fue apelada por el Ministerio Público y será revisada próximamente por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Por ahora, se ha fijado un plazo de 90 días para el cierre de la investigación, mientras se completan las diligencias necesarias para esclarecer la totalidad de los delitos imputados bajo la Ley de Control de Armas y la Ley de Drogas.
