Ya son 19 meses los que ha estado detenido en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados el proyecto de ley con el que se busca limitar las parcelaciones rurales —pese a que tenía carácter de urgente— y no tiene fecha para votarse.
La idea era contener la escalada de subdivisiones agrícolas para fines inmobiliarios y evitar la reducción del terreno agrícola, tendencia que creció la última década y durante la pandemia, principalmente en localidades rurales del sur de Chile. Fue uno de los proyectos emblemáticos impulsados por el Ministerio de Agricultura del pasado gobierno, elaborado en conjunto con el Ministerio de Vivienda.
Entró al Congreso en julio de 2024, aunque en 2022 el Ministerio de Agricultura publicó una circular que instruía al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) endurecer criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales. Y la normativa ya ha generado efectos.
Los datos del SAG muestran que las solicitudes de división de predios rurales han caído más de un 61% entre 2022 y 2025, pasando de 22.378 solicitudes ingresadas a 8.650 durante el último año. De esas 8.650 solicitudes, solo 805 se ingresaron en las regiones del norte del país, entre Arica y Parinacota y la Región Metropolitana, las otras 7.845 correspondieron a las regiones del sur, con Los Lagos como la región con mayores solicitudes anuales. Y es una tarea que retomará el Gobierno recién asumido.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, confirma que «es un tema que me interesa. Me preocupa enormemente que hoy una parte importante del terreno agrícola no se esté dedicando a la agricultura, sino que a negocios inmobiliarios».
