La Fiscalía reveló que Hernán Meneses, de 18 años, identificaba a los niños menores como «blancos fáciles» en sus escritos. El tribunal decretó la medida cautelar más gravosa y otorgó un plazo de 180 días de investigación tras la formalización por homicidio consumado y frustrado.
Este martes el Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Hernán Meneses, joven de 18 años imputado por el ataque ocurrido el pasado viernes en el Liceo Silva Lezaeta de Calama y que le costó la vida a la inspectora María Victoria Reyes (59).
Durante la audiencia, el Ministerio Público reveló detalles sobre la planificación del agresor, quien tenía como objetivo específico a estudiantes de primero básico.
La Fiscalía formalizó a Meneses por el delito de homicidio consumado de la inspectora del establecimiento educacional. Además, se le imputaron cuatro delitos de homicidio frustrado, que afectaron a otra docente y a tres menores de edad, sumado a cargos por porte de armas blancas.
«Blancos fáciles y puros»
Uno de los puntos más críticos expuestos por el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña, fue el hallazgo de un cuaderno en la propiedad del atacante. En este elemento, el joven detalló sus motivaciones asociadas a sentimientos de odio y misantropía, definiendo objetivos claros para su actuar.
Según el análisis criminológico presentado por la fiscalía, Meneses consignó expresamente su intención de atacar a niños de primero básico. En sus escritos, el imputado justificaba esta elección al identificar a los menores de edad como «blancos fáciles y puros».
El cuaderno también contenía frases como «Día de ira», lo que para los investigadores representa una planificación deliberada del brutal ataque. Asimismo, el agresor había manifestado su disposición de agredir a «quien se cruce» durante la jornada de los hechos.
Evidencia y delitos imputados
El ataque se concretó el viernes pasado, cuando el joven ingresó al recinto con armas blancas ocultas en su mochila. El resultado de la agresión fue la muerte de una inspectora y diversas lesiones sufridas por el resto de las víctimas en el establecimiento de la Región de Antofagasta.
El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público, considerando la gravedad de los delitos y el peligro que representa el imputado. Tras la formalización, se estableció un periodo de 180 días para el desarrollo de la investigación correspondiente.
Este caso ha generado diversas reacciones en el espectro político, incluyendo críticas desde el oficialismo hacia declaraciones previas de autoridades del sector educativo por la gestión de la crisis. Por ahora, el imputado permanecerá privado de libertad mientras se agotan las diligencias para esclarecer el alcance total de su planificación.
