La implementación del plan de «Barrios Críticos» en la Región de Los Lagos ha generado alertas sobre la actual falta de coordinación entre los estamentos estatales y el rol de los propietarios en los procesos de desalojo.
El concejal de Osorno, Miguel Arredondo, advirtió que las medidas para intervenir sectores vulnerables se encuentran en una etapa inicial y carecen de una bajada de información concreta hacia los municipios,.
Esta falta de articulación institucional impediría, hasta el momento, ejecutar acciones efectivas contra inmuebles utilizados para el acopio de drogas y casas de seguridad. Según la Fiscalía local, se han realizado investigaciones donde se solicita la destrucción de propiedades vinculadas a ilícitos, sin que se concreten resultados definitivos por parte de los organismos competentes.
Desafíos en la coordinación estatal
El concejal Arredondo comparó la situación actual con el cierre de casinos clandestinos, donde la ausencia de organismos como Impuestos Internos deja el trabajo municipal incompleto. En el caso de los desalojos, se requiere la acción conjunta del Ministerio de Seguridad, el Serviu, las policías y los municipios para que la intervención sea efectiva y permanente.
«Siempre queda la pata coja de la mesa porque nunca están todos los que tienen que estar», señaló la autoridad comunal respecto a la necesidad de un trabajo intersectorial. El temor de las autoridades locales es que las medidas sean temporales y el Estado abandone los espacios intervenidos, permitiendo el retorno de actividades criminales.
El rol de los propietarios privados
Un obstáculo crítico identificado es que el 95% de los terrenos tomados en Osorno pertenecen a privados, lo que complica la gestión directa del Estado para los desalojos. Entre estos propietarios se encuentran particulares y empresas estatales que actúan bajo régimen privado, como la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).
Se ha denunciado que grandes propietarios, como EFE, no asumen la responsabilidad del mantenimiento o resguardo de sus predios, como ocurre en las 10 hectáreas ocupadas tras el Cesfam de Ovejería. Según Arredondo, estas entidades suelen aparecer para el cobro de arriendos, pero no cuando se requiere gestionar el control de las tomas en sus terrenos.
Intervención en sectores estratégicos
El plan ministerial busca priorizar sectores como Rahue Alto en Osorno y Alerce en Puerto Montt, donde se proyecta la expropiación de bodegas y el desalojo selectivo de delincuentes. El Ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se demolerán inmuebles fiscales tomados y se buscará recuperar espacios públicos controlados por bandas criminales,.
En paralelo a estas medidas de seguridad, el municipio de Osorno ha puesto a disposición terrenos para el proyecto de «Barrio Integrado» frente al Cesfam de Rahue Alto. Esta iniciativa busca dar respuesta habitacional a unas 2.400 familias, diferenciando a los residentes honestos de aquellos que cometen delitos dentro de los campamentos.
