El pleno del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra Diego Simpertigue Limare, removiéndolo de su cargo como ministro de la Corte Suprema por «notable abandono de deberes».
Con esta decisión, el magistrado de 68 años queda además inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años.
A Simpertigue, vinculado al «caso Muñeca bielorrusa» e investigado como imputado por el Ministerio Público, se le acusa de viajar en cruceros por Europa con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.
Dicho viaje ocurrió solo días después de un fallo judicial favorable al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec en su litigio contra Codelco.
Actualmente, Lagos y Vargas se encuentran en prisión preventiva por su rol en esta trama.
Votación unánime
La jornada en el Senado estuvo marcada por un consenso transversal que superó cualquier barrera ideológica.
El primer capítulo de la acusación, que le atribuyó a Simpertigue haber incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes al intervenir directamente en la resolución de causas vinculadas al consorcio de origen bielorruso, fue aprobado por 43 votos a favor y ninguno en contra.
Las intervenciones de los senadores durante la votación del primer capítulo graficaron un amplio respaldo a la acusación contra el ahora exministro Simpertigue.
«Los hechos lamentablemente dan cuenta de un patrón: el juez resuelve a favor de una causa que involucra a ciertos abogados y luego toman juntos un viaje en un crucero, más allá del financiamiento», sostuvo Alejandra Sepúlveda (independiente).
Desde la UDI, Luz Ebensperger afirmó que «no se reprocha (a Simpertigue) su amistad ni los viajes, sino que se reprocha la omisión de información de tal relación; asimismo, no inhabilitarse para conocer del caso, infringiendo gravemente sus deberes constitucionales».
«Es incompatible (el actuar del magistrado) con el deber de imparcialidad, pues crea una apariencia de dependencia o reciprocidad que destruye dicho principio», señaló, por su parte, Claudia Pascual (PC).
En tanto, José Miguel Insulza (PS) reconoció que la destitución del exjuez «es una decisión dolorosa, (pero) está bastante claro que la culpabilidad o el error o la infracción existe en este caso».
«Los hechos son particularmente graves y están suficientemente acreditados en lo que a mí respecta», sentenció Rojo Edwards (PSC).
El segundo capítulo de la acusación, sin embargo, fue rechazado por falta de quórum. Este apartado, que responsabilizaba a Simpertigue de notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, sumó 18 a favor, tres en contra y 20 abstenciones.
El mencionado capítulo argumentaba que el ahora exministro presuntamente «permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, un hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar».
Finalmente, el tercer y último capítulo, que acusaba a Simpertigue de infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad por el denominado «caso Fundamenta», fue aprobado por 33 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.
Imagen: Diego Simpertigue, nuevo supremo destituido por el Congreso
