El nuevo cuerpo legal introduce modificaciones al Código Penal y también a la Ordenanza de Aduanas.
La Contraloría General tomó razón, este jueves 11 de septiembre, del Decreto Promulgatorio de la Ley N° 21.761, publicada por el Ministerio de Seguridad Pública, que modifica diversos cuerpos legales en relación con los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones.
Dicho texto legal tiene como objetivo actualizar el marco normativo frente a la creciente incidencia de delitos que afectan redes de servicios públicos y domiciliarios, particularmente las telecomunicaciones.
Entre las principales características de la ley figuran modificaciones al Código Penal. Algunos de ellos son el endurecimiento de penas, ya que incorpora que, si los delitos afectan a una cantidad significativa de usuarios dentro de un poblado, la condena será de presidio mayor en su grado mínimo.
La ley también indica que se sanciona con mayor rigor a quienes, simulando ser trabajadores de empresas proveedoras de servicios o utilizando información obtenida como empleados, cometan delitos de robo o hurto en redes de servicios públicos o domiciliarios. También incluye cambios a diversos artículos del Código Penal, donde se reemplaza el término “telefonía” por “telecomunicaciones”, abarcando una gama más amplia de servicios.
Adicionalmente, la nueva disposición considera modificaciones a la Ordenanza de Aduanas. Así, se agregan sanciones para el uso malicioso de certificaciones o análisis falsos y se introduce un artículo que responsabiliza penalmente a los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, faciliten la comisión de los delitos ya tipificados.
