Dos declaraciones que buscaban dar cuenta de que la Convención condena la violencia fueron analizadas ayer por el Pleno del organismo.
Por una parte, se analizó la ingresada por Carol Bown en noviembre pasado, y que estuvo patrocinada por personeros de sus sector. Ahí, pedían que se condene “todo tipo de violencia como forma de expresión política”. Esto, como se indica en el documento, a raíz de los hechos ocurridos en 2019.
Y por otro lado, discutieron en torno a la que ingresaron casi 50 convencionales más ligados a la izquierda, donde se proponía hacer una condena más amplia, incluyendo la violencia que supone la desigualdad que hay en Chile.
Opiniones hubo para todos los gustos. Varios se limitaron a reprochar a la izquierda por ser “incapaz” de condenar, por ejemplo, los saqueos, estimando que realmente no tienen un compromiso con la democracia.
Entre ellos, Katherine Montealegre expresó: “Esta Convención lejos de mostrar una férrea defensa por la democracia y Estado de derecho (…), busca distorsionar los hechos para reivindicar el uso de la violencia”.
Otros optaron por cuestionar la idea de los “oficialistas”, por considerarla “sesgada”.
“La violencia no se combate ni se extingue con declaraciones manipuladoras, tendenciosas, parciales y además orientadas a instrumentalizar a la Convención para fines electorales”, manifestó Marcos Barraza.
Pero también hubo un grupo que se inclinó por abstenerse en ambos casos, como Bernardo de la Maza, Benito Baranda y Loreto Vidal; y otro que optó por reconocer el valor de ambas propuestas, entre quienes estuvo Patricio Fernández.
Hubo espacio, también, para expresiones como las de Maria Rivera, que derechamente reconoció que no condena toda forma de violencia, menos la ejercida “por la primera línea”.
Dado que la discusión que dieron no es vinculante con lo que voten más adelante, sólo se buscaba dar una señal política, pero finalmente terminaron aprobando la segunda por 89 votos a favor, 20 en contra y 19 abstenciones.
¿Cuánto durarán los congresistas?
Las eventuales modificaciones al sistema político es uno de los primeros temas a abordar por la Convención. Y dado que se espera que haya cambios respecto de lo que hoy rige, distintos constituyentes piden que se deje claro que cualquier cambio no afectará el periodo de las autoridades recién electas. Algunos piden que se realice una sesión especial para analizar el punto y otros que se apruebe una norma constitucional transitoria que lo explicite. En su mayoría, quienes promueven la idea son de derecha, pero también el vicepresidente Jaime Bassa indicó que el nuevo periodo parlamentario debería terminar en 2026.
