Este lunes el Diario Oficial publicó el texto que contó con los aportes del Instituto de Derechos Humanos y las subsecretarías de la Niñez y Derechos Humanos y que actualiza los Protocolos para el Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público, concretando su puesta en funcionamiento a menos de un mes de que se conmemoren dos años del estallido social del 18 de octubre de 2019.
El jefe nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Esteban Díaz, destacó que “la actualización de estos protocolos refuerza, amplían y modifican algunos aspectos relacionados con el derecho a reunión, con la finalidad de garantizarlo de mejor manera para toda la ciudadanía, en sintonía con el actual proceso de reforma y modernización de Carabineros de Chile”.
“Esta actualización también obedece a los más modernos estándares internacionales de Derechos Humanos respecto al mantenimiento del orden público; abordando no sólo el restablecimiento de éste, sino que incorporando una mirada preventiva y de resguardo para la realización de manifestaciones pacíficas. Justamente, otro aspecto muy relevante es que se plantea una distinción entre lo que es una manifestación, la que siempre debe ser pacífica y sin armas, eliminándose el concepto de manifestación ilícita, agresiva o violenta, ya que si hay actos de violencia deja de inmediato de ser una manifestación y se convierten en acciones ilícitas”, expuso.
El general Díaz agregó que “para potenciar la comunicación durante las manifestaciones, hemos capacitado a más de 600 carabineros como Agentes de Diálogo, los que tendrán la misión de interactuar con los líderes o personas más representativas del evento, con el propósito de coordinar medidas de seguridad y rutas para el buen desarrollo del mismo”.
En esa línea, destacó que las modificaciones establecidas “permiten, no solo resguardar de mejor forma el derecho de la ciudadanía a manifestarse; también de ser necesaria, garantizar una intervención policial oportuna, haciendo un uso diferenciado de la fuerza, reforzando y mejorando los niveles de transparencia y rendición de cuentas por el correcto uso de la misma, así como de los controles internos, lo mismo que en la vinculación y trabajo colaborativo con los observadores de Derechos Humanos”.
Fuente: La Tercera
