El diputado por el Distrito 26, Alex Nahuelquín, manifestó su respaldo a los 24 comuneros de la localidad de Púlpito, en la comuna de Chonchi, quienes fueron detenidos por el presunto delito de robo de madera y explotación de bosque nativo.
Durante el proceso de formalización que se realiza en el Juzgado de Garantía de Castro, el legislador cuestionó el rol de los organismos públicos y el protocolo policial utilizado.
Críticas al operativo de la PDI
Nahuelquín centró su defensa en el impacto «humanitario» del procedimiento ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI). Según el parlamentario, el protocolo fue excesivo, comparándolo con operativos destinados al narcotráfico o al terrorismo en otras regiones.
«Rompieron las puertas de las casas, ingresaron, revolvieron todo», denunció el legislador. Aseguró que en el lugar se encontraban adultos mayores, niños y dueñas de casa que se vieron afectados por la irrupción policial en una comunidad que calificó como humilde.
El parlamentario cuestionó la severidad de la acción policial frente a una actividad que, según su visión, representa el sustento básico de las familias. «Es como buscar armamento o droga en una comunidad pequeña que busca leña para subsistir», enfatizó.
El rol de CONADI
La controversia de fondo radica en la propiedad de las tierras en disputa. El diputado afirmó que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) habría comprometido previamente estos terrenos a la comunidad de Púlpito.
Según el relato de Nahuelquín, el organismo estatal instó en su momento a los comuneros a trabajar los predios. La promesa consistía en que el fondo les pertenecería definitivamente tras la tramitación de los correspondientes títulos de dominio.
«El Estado es el culpable de esta situación», declaró el legislador. Sostuvo que las orientaciones entregadas por la CONADI motivaron a los vecinos a realizar labores de extracción forestal como parte de su sobrevivencia laboral y familiar.
Propiedad y empresarios extranjeros
La defensa del diputado también apunta a esclarecer cómo los predios terminaron bajo el control de tres empresarios de nacionalidad estadounidense. Nahuelquín busca determinar quién autorizó la venta de estos fondos que originalmente estaban en la mira del Estado para la comunidad.
«Necesitamos saber bien la propiedad de este fondo», indicó. Su equipo parlamentario y asesores jurídicos ya trabajan en rastrear el historial de las transacciones que desplazaron el derecho que la comunidad reclamaba sobre el territorio.
A pesar de las acusaciones de falta de manejo forestal y la ausencia de títulos de dominio por parte de los detenidos, el legislador insistió en que el foco debe estar en la precariedad de las familias. Afirmó que la comunidad ha habitado históricamente el sector de Púlpito.
Próximas acciones legales
El parlamentario confirmó que se mantendrá atento al desarrollo judicial del caso, que involucra la aplicación de la actual Ley de Usurpación. Nahuelquín adelantó que emitirán un informe oficial una vez que se logre identificar a los responsables administrativos de la venta de los terrenos.
Formalización
Se espera que entre hoy mañana finalice la formalización de los imputados, la que se ha extendido por casi una semana debido a la cantidad de los acusados, el número de intervinientes, además de las defensas.
