En medio del escándalo por el uso irregular de licencias médicas, especialmente en el sector público, la Corte Suprema y la nueva Ley Nº 21.746 dejaron en claro que los empleadores privados siguen sin herramientas reales para sancionar abusos. Un reciente fallo anuló el despido de una trabajadora en Rapa Nui que estaba con licencia médica, aludiendo a que la relación laboral queda suspendida legalmente durante ese periodo, impidiendo cualquier notificación de término de contrato. Casos como el de una trabajadora que viajó a Australia con licencia psiquiátrica y fue defendida por tribunales, reflejan el vacío normativo actual.
Aunque la nueva ley refuerza el control sobre médicos y Compin, los empleadores no pueden cuestionar directamente una licencia ni aplicar sanciones si sospechan de un uso indebido. Abogados laboralistas advierten que esta falta de control afecta especialmente al mundo privado, donde la empresa no tiene cómo investigar ni actuar ante posibles fraudes. «Es urgente equilibrar la balanza», afirmó la abogada María Francisca Montenegro, quien llamó a dotar a los empleadores de más atribuciones frente a este fenómeno que ya impacta la salud financiera del sistema.
