Este lunes 23 de marzo de 2026, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, desestimó las acusaciones de intervención en la política interna tras revelarse financiamientos a organizaciones indígenas.
El diplomático enfatizó que su país considera a Chile un «socio cercano» y no un competidor en el mercado global del salmón. Nilsen aclaró que la ONG involucrada, Norwegian People’s Aid (NPA), mantuvo una colaboración con comunidades entre los años 2004 y 2014. Según el embajador, este fue un «proyecto independiente» que no refleja necesariamente las posturas oficiales del gobierno noruego.
Autonomía de la sociedad civil
El representante escandinavo defendió la libertad de la sociedad civil en Noruega para solicitar fondos estatales destinados a proyectos internacionales. Explicó que estas organizaciones pueden incluso promover visiones políticas que no coinciden con las del Ejecutivo de su país.
Respecto a la actual controversia por la Ley 20.249, Nilsen fue enfático en señalar que Chile decide sus propias políticas y leyes. «El mercado es lo suficientemente grande para ambos actores», sostuvo al descartar una estrategia para frenar la industria salmonera local.
Parlamentarios exigen derogar la ley y anuncian investigación
En la vereda opuesta, el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, solicitó formalmente al Presidente José Antonio Kast derogar la Ley Lafkenche. El parlamentario tildó la normativa como la «Ley Noruega» y acusó una interferencia directa en la producción nacional.
Kaiser calificó la recepción de dineros extranjeros para afectar intereses nacionales como algo que «raya en la traición a la patria». Asimismo, instó al Gobierno a informar oficialmente de esta situación a la embajada y aplicar sanciones si corresponde.
Por su parte, el presidente de la comisión de Pesca, diputado Alejandro Bernales, calificó los hechos como de «extrema gravedad». Bernales anunció que se debe avanzar en proyectos de ley que exijan total transparencia sobre quiénes financian a las ONG en Chile.
La controversia surge tras un reportaje que cuantificó en más de $500 millones los aportes recibidos por comunidades que hoy mantienen frenados diversos proyectos acuícolas. Se espera que la Comisión de Pesca cite a autoridades para esclarecer el alcance de estos vínculos financieros en el borde costero.
