Ayer, las autoridades del Ministerio de Vivienda y ocupantes ilegales del terreno, firmaron el convenio de cooperación para el proyecto habitacional «Cerro Centinela», que implicará la expropiación de 100 de las 215 hectáreas de la megatoma de San Antonio.
En ese contexto, el ministro de la cartera, Carlos Montes (PS), aseguró a El Mercurio, que el monto de $11 mil millones asignados para la iniciativa podría sufrir modificaciones una vez que expertos realicen las tasaciones del paño y se efectúen las obras complementarias para su habitabilidad.
Además, el secretario de Estado remarcó que esos fondos están disponibles y corresponden al Presupuesto de 2025 destinado a campamentos.
Montes: «Los teníamos reservados»
«Una cosa es expropiar el terreno y otra es urbanizarlo, y el costo del terreno es la suma de ambas. El costo del terreno lo establecerán peritos, especialistas en esto, y que se seleccionan de un registro. Nosotros, a partir de los estudios que tenemos, por las tasaciones que se hicieron, estimamos cuál es el costo que esto puede tener, pero, por cierto, que puede ser más o menos que los $11 mil millones», sostuvo Montes al citado medio.
En esa línea, detalló que esos fondos de $11 mil millones que estiman «salen del presupuesto de este año, no del próximo, y los teníamos reservados ante una eventualidad».
Sobre las razones que explican que ese monto se encontrara sin ejecución a diciembre, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma (DC), aseguró que «este año el presupuesto tenía una gestión diferente a los años anteriores: al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) estos tenían que ser gastados en el año».
Asimismo, recordó que «hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos».
Palma: «Disponibilidad no planificada» y «cambio de Papa»
Acerca de dicha devolución de montos, el exministro sostuvo que, entre otros casos, «eso ocurrió con una compra de terrenos en Coyhaique, del orden de los $4 mil millones; otra en Castro, de aproximadamente $3 mil millones, y otras en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Ñuble».
Agregó que dado ese escenario, «nos vimos con una disponibilidad de recursos que no estaba planificada y que permitió destinar los fondos para San Antonio». Y reiteró que de no ser utilizados, «no habrían quedado para el Presupuesto 2026 de Asentamientos Precarios, sino que se devolvían al Tesoro Público, como parte del ahorro nacional».
Palma dijo al citado medio que el monto exacto de esos presupuestos no ejecutados supera los $10.900 millones y que el momento en que se supo que estaban disponibles fue durante el mes pasado. «A comienzos de noviembre uno ya sabe lo que va a alcanzar a gastar, porque hay trámites en la Contraloría y en la Dirección de Presupuestos, y si la autorización para el gasto no ha salido de ahí, uno ve cuántas semanas quedan y cuál es el tiempo normal que demoran, lo cual permite liberar los recursos», afirmó.
Pasos a seguir
El representante de los ocupantes irregulares, Mario Reyes, aseguró que «la idea es que no quede fuera nadie que cumpla con todos los requisitos: estar en las cooperativas, estar catastrado, no tener segunda vivienda y contar con ahorro». Recalcó que quienes se encuentran dentro de las 100 hectáreas expropiadas están dispuestos a ceder espacios a quienes están en la zona que no forma parte del plan.
A su vez, Montes agregó que «el terreno va a requerir un loteo y este debe tener tantos lotes como familias se quieren incorporar» y que «la urbanización tiene que ver con la vialidad, con hacer calles, con construir equipamiento comunitario, como un jardín infantil».
Respecto de las afirmaciones de que la expropiación traslada este tema al próximo gobierno, el ministro respondió que, habitualmente, el 90% del presupuesto del Minvu está asignado a proyectos en desarrollo y que solo un 10% es para nuevos planes.
«Vamos a dejarle a la nueva administración unos cien mil proyectos en ejecución (entre casas, departamentos, obras de urbanización) y ellos verán su desarrollo», enfatizó.
Fuente: Emol.com
