La Contraloría General de la República dio a conocer, durante este 19 de junio, el reporte “Principales resultados de fiscalización”, documento que contiene las observaciones de mayor relevancia detectadas tras las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 a entidades públicas, detectando irregularidades por una cifra superior a los 1,5 billones de pesos.
Entre las auditorías y las observaciones realizadas, se da cuenta que el Gobierno Regional de Los Lagos transfirió recursos sin contar con el control preventivo de legalidad en tres convenios, por montos que superan los $1.936.000.000. Además, se verificó que la entidad, registró un total de 29 convenios de transferencias, equivalentes a $20.238.822.000, aun cuando se encontraban en tramitación para el respectivo control de legalidad en esta Contraloría General. También se constató el pago a la Asociación de Funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la suma de $17.005.646 por concepto de arriendo de 18 cupos de estacionamiento para los Consejeros Regionales, lo cual resulta improcedente, toda vez que, la normativa aplicable, no contempla disposición alguna que otorgue dicho beneficio a los citados consejeros.
Una inspección a la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, respecto a la ejecución de los contratos y a los pagos realizados para el arriendo de camiones aljibe para distribución de agua potable, constató que 15 proveedores incumplieron con el volumen mensual mínimo de distribución establecido por cada camión contratado, debiendo haber descontado de los pagos realizados, un total de $68.805.657. Además, no se aplicaron las multas correspondientes por incumplimientos en la ejecución del contrato, por un monto total de $2.100.000.
En el caso de los municipios, se observan situaciones en el Departamento de Educación Municipal de San Juan de La Costa, toda vez que registraba una deuda previsional, al 31 de diciembre de 2022, ascendente a la suma superior a los mil doscientos millones de pesos, además de otros 218 millones por deudas con Fonasa.
Mientras que en la Municipalidad de Los Muermos se contrató la contratación de una empresa por $26.775.000 en materias de obtención y renovación de permisos de circulación, incumpliendo las instrucciones de Contraloría por cuanto los convenios con automotoras para la tramitación de dichos permisos no debían implicar un costo económico para el municipio como ocurrió en la especie. También, se advirtieron irregularidades en las bases de datos con los permisos de circulación del año 2023, por la suma total de $41.687.636. Además, se determinó una diferencia de $37.607.168 entre la información consignada en la base de datos de permisos de circulación año 2023, con los ingresos registrados en la cartola bancaria asociados a las automotoras, la cual no se encuentra registrada en la contabilidad del municipio.
También se incluyen la Corporación Municipal de Castro, donde se constató una indemnización que excedió en sesenta millones de pesos lo acordado en el Juzgado de Letras tras una acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.
