Ingreso de alcohol, cobros por «derecho a baño» para facilitar encuentros sexuales y operación de «módulos bancarios» son algunos de los nuevos antecedentes en la acusación de siete gendarmes y una civil por corrupción y tráfico de influencias en el penal de Alto Bonito, en Puerto Montt.
La formalización de delitos se realizó ayer en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, donde la fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Nathalie Yonsson, detalló la operación de la red.
El Ministerio Público dio cuenta de una empresa de servicios ilícitos en el penal de alta peligrosidad operada por los funcionarios Mario Palma Lincura, Edgardo Cerda, Senén Orellana, Nicolás Toro, Francisco Romero, Diego Casanelli y Hugo Núñez. Los dos primeros hasta 2025 eran dirigentes gremiales de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
De acuerdo a El Llanquihue, el relato de fiscalía se basó en testimonios de internos e interceptaciones telefónicas, donde se dio cuenta de que en el módulo 43, a cargo de Palma, Romero y Orellana, los funcionarios cobraban una tarifa en efectivo a los reclusos para permitirles mantener relaciones sexuales con sus visitas conyugales en los baños.
Además, ingresaban medicamentos tipo Sildenafil (Viagra) para su venta, junto con una amplia oferta de alcohol como botellas de ron por $150.000 y alimentos como sándwiches, pichangas a $50.000 y tablas de sushi elaboradas por los familiares de Palma por hasta $30.000.
«Módulos bancarios»
Además, en los módulos 41 y 42 cuestionados por Cerna y Toro se llevaba a cabo el sector denominado «Banco Estado», donde reclusos operaban con total impunidad estafas telefónicas que incluso eran grabadas en video y compartidas en redes sociales.
Los internos, cubiertos con mantas para evadir las cámaras, realizaban llamadas extorsivas a sus víctimas.
Según relató la fiscal Yonsson, una víctima en Temuco denunció una estafa cuyo origen se rastreó hasta el penal Alto Bonito. La PDI confirmó que el celular fue uno de los incautados por el caso de los gendarmes.
Red financiera y amenazas
De acuerdo a las diligencias investigativas, la estructura no operaba solo con efectivo. La única imputada civil por la causa, Marcela Moreno, fue señalada como la receptora externa de los dineros. Según la investigación, facilitaba sus cuentas bancarias para recibir pagos de familiares de los presos.
Un antecedente agravante expuesto fue la utilización de la cuenta bancaria de su hija de 14 años para triangular dineros, que luego eran retirados y entregados en efectivo al suboficial Palma, Muchas veces, las sumas superaban los $2.000.000.
De acuerdo a la indagatoria de la PDI, la red ejercía presión sobre el personal que no participaba de los ilícitos.
La fiscalía relato el amedrentamiento a un gendarme que, tras interceptar un «pelotazo» con un celular, se negó a entregarlo a los imputados Palma y Orellana. Al día siguiente de realizar la denuncia, el funcionario encontró en su casillero un dibujo de un arma blanca, interpretado como una amenaza directa.
Continúa el proceso
Ayer, antes del inicio de la formalización, los abogados defensores intentaron anular el proceso cuestionando el uso de la Ley 20.000 para investigar el patrimonio de los funcionarios y la validez de los testimonios anónimos. Sin embargo, el juez Rolando Diaz desestimó los argumentos y validó la detención al señalar que «había fundamentos para disponer la orden… la resolución se sostiene por sí misma».
En la audiencia, la Fiscalía exhibió mensajes del 8 de octubre de 2024 entre los imputados, donde se lee: «A veces, no a todos, tienes que aceptar una moneda sí».
Además, se mencionó que otra funcionaria de Gendarmería, esposa de uno de los imputados, reconoció en su declaración la venta de productos como curanto, promocionada en redes sociales. Cerca de las 17:00 horas se suspendió la sesión, quedando los ocho imputados bajo resguardo en el penal Alto Bonito.
Fuente: Emol.com
