Un informe de la Contraloría General reveló que la capital de la Provincia del Ranco gastó más de $367 millones en eventos durante el año electoral. La actual administración redujo el ítem a $102 millones para 2025 y anunció investigaciones administrativas ante el presunto uso de fondos públicos para favorecer la reelección del exalcalde Andrés Reinoso.
Un reciente documento emitido por la Contraloría General de la República posicionó a la Municipalidad de La Unión dentro del ranking de las 11 comunas del país que destinaron más recursos a celebraciones y conmemoraciones durante el año 2024. La investigación surge tras detectarse un gasto total de $367.203.947 en dicho periodo, cifra que contrasta drásticamente con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2025.
Ante estos hallazgos, el administrador municipal de La Unión, Pedro Delgado, informó que la nueva gestión del alcalde Saturnino Quezada logró reducir este gasto a solo 102 millones de pesos para el próximo año. Esta disminución representa un ahorro superior a los 165 millones de pesos en comparación con la ejecución presupuestaria cuestionada por el organismo fiscalizador.
Vínculo con el periodo electoral
Desde la actual administración apuntan a que el incremento del gasto en eventos durante 2024 coincide con el proceso de reelección del entonces alcalde Andrés Reinoso (PS). Según Delgado, la Contraloría no seleccionó los datos al azar, sugiriendo que el aumento de las partidas presupuestarias tuvo fines proselitistas.
«La Contraloría no toma datos al azar; el 2024 estaban todos los municipios en época de campaña para conquistar a una mayor cantidad de vecinos», señaló el administrador municipal. En ese sentido, la autoridad local calificó la ejecución de estos recursos como una posible «campaña solapada» financiada con dinero público.
El administrador enfatizó que no se trata de eliminar las festividades, sino de optimizar los recursos para que lleguen a los sectores más vulnerables. Bajo esta premisa, la municipalidad ya aplicó recortes significativos, reduciendo, por ejemplo, el presupuesto de la «Semana Unionina» en más de un 50%.
Investigaciones y exámenes de cuentas
Tras la publicación del informe, la Contraloría instruyó la realización de fiscalizaciones y exámenes de cuentas en los municipios que presentaron gastos superiores a la asistencia social. Estas acciones buscan verificar si los montos erogados son compatibles con la situación financiera local y si respetan el principio de legalidad.
Delgado adelantó que, una vez recibidas las instrucciones por escrito del organismo, el municipio solicitará las investigaciones y sumarios correspondientes. «Efectivamente nosotros vamos a tener que solicitar las investigaciones porque es mucha la diferencia de gasto de un año a otro», sentenció el funcionario.
La Ley 18.695 establece que los recursos municipales deben orientarse prioritariamente al beneficio de la comunidad y al interés general. Por ello, el municipio evaluará la rigurosidad de cada evento futuro ante el escenario de estrechez fiscal que afecta al presupuesto nacional y regional.
El proceso administrativo ahora entra en una etapa de revisión técnica donde se determinarán posibles responsabilidades legales por el manejo de los fondos durante 2024. Se espera que las próximas auditorías de la Contraloría arrojen detalles específicos sobre la ejecución de cada contrato de eventos realizados en la capital del Ranco.
