Las reacciones tras vinculación de diputada Pérez y posible tráfico de influencias en Caso Convenios

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Durante las últimas horas se dio a conocer un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del Caso Convenios, que vincula a la diputada Catalina Pérez (suspendida de RD) en un posible tráfico de influencias.

«Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el ex seremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze», dice el texto de 60 páginas, según La Tercera.

El abogado de la parlamentaria, Gonzalo Medina, salió en respuesta de ello aseverando que «este nuevo antecedente se referiría a la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación».

«Adicionalmente, es de mi interés reiterar que, tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo», añadió el profesional, asegurando que el «informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada».

«Descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias», indicó el abogado, haciendo hincapié en que el informe de la PDI constituye un instrumento más para la investigación y que la diputada Pérez «no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha».

Algunos parlamentarios miembros de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también abordaron la situación.

El diputado Raúl Soto (PPD), sostuvo que «en el caso Democracia Viva, y en todos los casos de fundaciones y convenios, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, ser implacable con la corrupción y no dejar ningún espacio a la impunidad caiga quien caiga, sea un ex funcionario de gobierno, un político o una parlamentaria como en este caso, según los informes de la PDI».

Ahora, añadió, «lo que corresponde es que sea la justicia y la investigación criminal que lleve el Ministerio Público, quien determine dónde están las responsabilidades y cuáles son las que le corresponden a cada uno».

Desde el Partido Comunista, la diputada Carolina Tello advirtió que «tal como lo hemos mencionado anteriormente, las materias particulares relativas a eventuales responsabilidades serán el resultado de las acciones que lleve adelante el Ministerio Público».

Ahora bien, sostuvo que en su calidad de miembro de la comisión «lo que hemos buscado principalmente es conocer en profundidad conocer los vicios y vacíos existentes respecto de las transferencias de recursos a fundaciones que, como en el caso de Democracia Viva, necesitamos no solo corregir, sino proteger la forma en que los recursos fiscales son entregados, fiscalizados y utilizados. Tal como mencionó el ministro (Carlos) Montes, siempre es bueno que tanto la policía como la fiscalía estén trabajando con celeridad en determinar las responsabilidades en este caso».

El diputado Andrés Jouannet (Movimiento Amarillos por Chile), subrayó que de ser cierta la información, «es lamentable por una parte», pero por otra, afirmó que «nadie está por sobre la ley y los parlamentarios tenemos que dar el ejemplo de cumplir las normas (…) Naturalmente yo no soy un juez y eso lo tendrá que determinar la justicia».

En tanto, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) dijo querer «valorar el trabajo profesional de la PDI que ha determinado o ha aparecido el nombre de una parlamentaria y, en ese sentido, considero altamente cuestionable y, sobre todo, impresentable, que un parlamentario del país esté eventualmente influyendo para que se entreguen recursos a instituciones que hoy hemos visto cada vez, no han cumplido los objetivos para lo cual se entregaron los recursos. Deben buscarse todas las responsabilidades, no solo desde el punto de vista judicial, sino que devolver los recursos al Estado de Chile».

Otros congresistas, que no son parte de la instancia, también se refirieron al hecho. Tal es el caso de la diputada Karen Medina (PDG), quien calificó como «bueno que la investigación avance». «Esto era lógico. Cuando tú tienes involucramiento sentimental, de partido político, de amistades, con todo esto engorroso de la malversación de fondos públicos a través de las fundaciones, el nombre de la diputada Pérez ya tenía que empezar a aparecer».

«Ahora hay que comprobar, y seguir investigando, qué tan comprometido está con el hecho propio o con lo ilegal del proceso. Y, si eso significa y conlleva a que la diputada Pérez deba dar un paso al costado y deba apartarse de una representatividad en el pueblo, estoy totalmente de acuerdo, y no vamos a permitir que quienes hoy en día nos representa sean las personas que hoy en día se burlan y abusan del propio pueblo», acotó.

«La investigación que está llevando a cabo la PDI está dando resultado, y está cerrando el cerco en torno a la diputada Catalina Pérez, por lo tanto, es el momento de dar señales claras potentes en torno a la transparencia, a enfrentar la corrupción y el tráfico de influencias, si es que esto es comprobado (…) El caiga quien caiga debe ser 100% efectivo y llegar hasta las últimas consecuencias», dijo por su parte el diputado Víctor Pino (Avancemos Chile).

Desde Renovación Nacional, la diputada Camila Flores expresó que «lo que ha establecido la PDI es sumamente grave. Estamos hablando de hechos delictuales, no simplemente de falta a la probidad. Y es por eso, que espero que el Ministerio Público actué lo antes posible para poder demostrar en tribunales efectivamente lo que señala la entidad, y por lo tanto, ser desaforada esta diputada y, además, ser juzgada ante los tribunales de justicia como cualquier ciudadano».

Por último, el senador Iván Moreira (UDI) manifestó que «aquí el fondo del problema es que hubo una verdadera asociación ilícita para delinquir y robarse a través de estas fundaciones las platas de los más pobres de los chilenos, pero lo más grave de todo esto es que el Frente Amplio y algunas autoridades de Gobierno lo que están tratando de hacer es que recaiga toda la responsabilidad de esta corrupción solo en una persona. Aquí hay un Frente Amplio que se organizó para proceder a través de estas distintas fundaciones, robarle al país, y solo quieren hacer caer a Catalina Pérez cuando hay otros, muchos más, que están escondidos».