En una sociedad que aspira a la inclusión, resulta preocupante que todavía se cuestionen los derechos básicos de las personas con discapacidad. La situación que enfrenta la concejala de Osorno, Natali Guissen, es un claro ejemplo de cómo las barreras arquitectónicas y actitudinales perpetúan la exclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
El recurso de protección presentado por la concejala busca garantizar condiciones mínimas de accesibilidad que le permitan ejercer su función en igualdad de oportunidades y condiciones. A pesar de que el municipio ha anunciado medidas, estas no han sido implementadas con la celeridad que la situación requiere, exponiendo la falta de compromiso con el cumplimiento de la Ley 20.422, el decreto supremo 50 y, más aún, con los principios de justicia e igualdad.
Es incomprensible que, en 2025, sigamos enfrentando discusiones sobre si las personas con discapacidad tienen derecho a participar plenamente en la vida política y social. O, como se ha dado en este paso particular, que las mismas autoridades que tienen que dar soluciones, dejan entrever que es un problema que radica en el tipo de silla de ruedas que ella usa, siendo que por donde se mire y cómo establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008, el problema no es de la persona con discapacidad, sino del entorno, que genera una mayor o menor barrera de acceso. Cada día que pasa sin una solución efectiva es un día en que se vulneran los derechos de una autoridad electa democráticamente y de las personas que representa.
El problema trasciende lo individual. Este caso pone en evidencia cómo las instituciones públicas, que deberían ser referentes de inclusión, siguen fallando en la garantía de derechos fundamentales. Más allá de las licitaciones y procedimientos, lo que está en juego es el mensaje que enviamos como sociedad: ¿es aceptable que el ejercicio de los derechos dependa de tiempos administrativos e inclusive de la falta de voluntad?
Desde Fundación Ronda, hemos ofrecido apoyo técnico y profesional para agilizar una solución que respete los derechos de la concejala y de todas las personas con discapacidad. Este caso no es solo sobre accesibilidad física, sino también sobre dignidad, equidad y justicia.
Es momento de actuar con determinación y de transformar estas barreras en oportunidades para construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Es tiempo que dejemos de hablar de la discapacidad de la actual Concejala y podamos hablar de todas sus competencias, valores , profesionalismo y tantas otras razones que me puedo imaginar que fueron las razones que fuera electa por la ciudadanía, como también el trabajo que quiere hacer en la comuna de Osorno pero que lamentablemente aún no puede hacerlo como corresponde, como lo hacen el resto de los y las concejales(as) electos(as).