Piden prisión preventiva para exdirectores de Carabineros Villalobos y González

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago continúa este miércoles la formalización de siete imputados por el delito de malversaciones de caudales públicos de gastos reservados de Carabineros y falsificación de instrumento público.

Durante la audiencia, el magistrado Darwin Bratti acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el general (r) de Carabineros Iván Whipple, además de arresto domiciliario total y arraigo nacional para el exjefe de Finanzas de la institución uniformada, Flavio Echeverría.

Además, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra los exgenerales directores de Carabineros Bruno Villalobos y Gustavo González Jure. El ente persecutor seguirá con la exposición esta tarde y la defensa presentará sus argumentos mañana.

La formalización se inició este martes, día en el que se determinó firma mensual y arraigo nacional para la exministra de Justicia Javiera Blanco, tras el rechazo del sobreseimiento definitivo que había solicitado su defensa.

En tanto, el exfuncionario de la Dipres Hugo Zúñiga, quedó con firma semanal y arraigo nacional a partir del 11 de noviembre.

De acuerdo a los antecedentes del caso, los delitos habrían sido efectuados mientras Blanco era subsecretaria de Carabineros, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. La imputada habría recibido $42.132.000 a través de cinco mil movimientos bancarios, que se llevarían a cabo mediante ocho depósitos entre 2006 y 2007.

Según indicó la fiscal encargada, Ximena Chong, la imputada “durante el periodo que comprende su gestión, entre septiembre de de 2006 y marzo de 2010, concertada con los generales directores José Bernales Ramirez y Eduardo Gordon Valcarce, se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional, con pleno conocimiento de que no le correspondía recibir esas sumas”.

Respecto al capítulo de “sustracción de los fondos públicos”, la fiscalía señaló que los imputados “sustrajeron y permitieron que se apropiaran o consintieron que otros sustrajeran” gastos reservados. El 41% de esos montos, se destinaron a lo que debían dedicarse originalmente: labores de investigación criminal, drogas e inteligencia. Mientras que el 45% fue sustraído y el 14% restante se destinó a “gastos reservados extraordinarios”, y puesto a disposición de los generales para “uso discrecional”.

El primer registro de montos malversados dataría de 2007, en manos del ya fallecido general José Bernales y se afirmó que de ahí en adelante la sustracción se concretó mediante “la entrega en efectivo a sus destinatarios contenidos en sobres de papel”.

Carabineros recibía todos los años cerca de 500 millones de pesos, sumado a 90 mil dólares para gastos reservados. El modo de operación constaba en que ese dinero se giraba a través de BancoEstado y pasaba a finanzas, donde se realizaba una planilla con todos los nombres y montos a repartir. Luego, se les pasaba sobres con el dinero que tenían acordado.

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