La provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, podría ver un cambio en su matriz productiva si se concreta una propuesta para levantar la restricción establecida en 2021 or la Ley 1.355, que prohíbe la salmonicultura en aguas jurisdiccionales de la zona, tanto lacustres como marítimas, con el fin de resguardar los ecosistemas locales.
La modificación, que ahora avanza en la Legislatura, mantiene la veda sobre el Canal Beagle, pero abre la puerta a la actividad en otros cuerpos de agua.
El impulsor de esta idea es Agustín Coto, representante del Partido Republicano TDF – La Libertad Avanza, quien presentó la propuesta a raíz de la depresión económica que vive la zona, que evidencia una baja en las cifras de turismo, además de un régimen industrial basado en la fabricación de celulares y electrodomésticos bajo creciente cuestionamiento.
Según el documento legislativo, el Poder Ejecutivo quedaría facultado para delimitar zonas aptas mediante evaluaciones ambientales estratégicas.
Asimismo, el texto establece que se deberá garantizar “el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas”.
En mayo, el propio gobernador Gustavo Melella adelantó públicamente su apoyo a la salmonicultura.
“Estamos trabajando la ley para habilitarla en toda la costa marítima del Atlántico, desde la Península Mitre hasta San Sebastián y en algunos lagos y lagunas. Somos conscientes de la necesidad de cuidar el ambiente, pero también tenemos que generar empleo”, afirmó en una entrevista con el diario Clarín. Si bien no precisó si el proyecto será enviado por el Ejecutivo, sus palabras se alinean con la propuesta legislativa en curso.
Debate abierto
El debate en Tierra del Fuego enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, quienes sostienen que se trata de una oportunidad estratégica para generar empleo y divisas en una provincia golpeada por la recesión y con más de 90.000 personas bajo la línea de pobreza. Por otro, las organizaciones que advierten sobre los costos ambientales de introducir una actividad de alto impacto en ecosistemas sensibles.
El desenlace dependerá de la Legislatura fueguina y de la decisión política del Ejecutivo provincial. Lo cierto es que, tras cuatro años de prohibición, la salmonicultura volvió al centro de la escena como una alternativa económica frente al agotamiento de otros motores productivos. La mirada está puesta en el espejo chileno, con sus beneficios y también con sus problemas
Salmones en las Malvinas
Mientras tanto, en las Islas Malvinas, la empresa Unity Marine, de capitales británicos y daneses asociada a la consultora F-Land ApS, que estudió corrientes marinas y oleaje para precisar zonas óptimas, presentó un proyecto para instalar granjas de salmón en aguas circundantes, apuntando a una producción inicial de 50.000 toneladas anuales y el objetivo de cuadruplicar esa cifra a partir de una inversión inicial de casi USD 7 millones para instalar 8 centros de cultivo a entre 3 y 7 kilómetros de la Isla Soledad.
Según James Wallace, director del proyecto, la iniciativa diversificaría la economía isleña, reduciría la dependencia de la pesca del calamar, actualmente en retroceso y crearía empleo.
El factor ambientalista
Diversas organizaciones alertan sobre los riesgos de la salmonicultura en Tierra del Fuego.
El Foro para la Conservación del Mar Patagónico advirtió que el avance del proyecto pondría en peligro los ecosistemas fueguinos, recordando la experiencia de la Patagonia chilena donde la actividad generó contaminación orgánica y química, propagación de enfermedades y escapes masivos de salmones, una especie exótica que altera procesos ecológicos.
Desde WCS Argentina se enfatizó que proteger solo el Beagle “es como cerrar una puerta y dejar abiertas todas las ventanas”. Reclaman una visión integral que contemple todas las aguas de la provincia para evitar impactos irreversibles.
Además, agregan que la iniciativa vulnera el principio de no regresión en materia ambiental y podría contradecir compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú.
Cabe mencionar que la actual prohibición basada en la Ley 1.355, contó con un fuerte respaldo de ONGs internacionales como Greenpeace y Rewilding, además de reconocidos chefs argentinos que celebraron aquella decisión como un precedente histórico.
Fuente: Infobae.com / acá la nota completa.
