El presidente de los empresarios, Alfonso Swett, dice que quieren ser parte de la solución. Es que sabe que la gravedad de la crisis social requiere de un esfuerzo adicional, y no solo económico. Están analizando agendas urgentes y otras de mediano plazo. Comparten el espacio en un mesón de su oficina los tomos con los resultados de los encuentros ciudadanos organizados por el gobierno de Michelle Bachelet para reformar la Constitución y una serie de apuntes de puño y letra y gráficos con argumentos de los posibles caminos a seguir en esta crisis. Repite durante esta conversación que restablecer el orden público es urgente, para luego abocarse a las tareas de mayor horizonte.
El timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reconoce que habían visto cifras que eran señales del descontento: “Nos habían llamado profundamente la atención los niveles de endeudamiento, habíamos visto también la principal preocupación de la gente en abril en relación a los salarios y la situación económica familiar. Lo que pasa, y este es un mea culpa muy personal, es que no le pusimos el sentido de urgencia que tenía”.
En este tiempo, como CPC, tomaron la decisión de pasar a la acción. Han estado realizando conversaciones con trabajadores, que hasta el jueves pasado sumaban unos 500 mil, equivalentes al 10% de los asalariados privados.
Otra determinación es que se deben aislar los temas. “Hay que separar la violencia, de las demandas sociales. Separar lo que son las políticas públicas de futuro, con lo que son las demandas urgentes, porque requieren trabajos distintos”.
¿Es una sola voz en la CPC?
-Rápidamente nos pusimos de acuerdo las seis ramas, los gremios. Los diálogos al interior de las empresas es una agenda que se está implementando en las ramas. Ha habido una responsabilidad de estar unidos para encontrar soluciones. No es una unión de trinchera. He estado en contacto con muchos empresarios, he hablado con pymes, con gente del mundo sindical… y me he sentido muy acompañado del mundo empresarial en esto. Por supuesto que algunos pueden no estar de acuerdo, o creen que el camino es distinto. Es parte de nuestra naturaleza.
¿Cómo ve la nueva agenda adoptada por el gobierno?
-Conversamos en profundidad en el último comité ejecutivo el martes. Hay una urgencia de corto plazo que es hacernos cargo de la violencia. Respecto de la agenda de mediano plazo, tiene un cambio muy profundo. Normalmente ha habido una agenda económica en primer lugar y bajo ella una social. Hoy esto se revirtió. Lo que acordamos hacer es un trabajo de mediano plazo -y se lo hemos transmitido al mundo político y de gobierno-, que consiste en apoyar al mundo político -no somos actores políticos- en las políticas públicas que generen consenso. Respecto de la urgencia, tenemos una preocupación de hacernos cargo de la violencia, porque solo poniéndole fin a ella lograremos avanzar en soluciones efectivas a problemas reales. Si esta violencia no controlada continúa, vemos con preocupación no solo meses con crecimiento negativo como podrían ser octubre y noviembre, sino que también lo que podría pasar a futuro afectando el crecimiento y el empleo. Ante esto, no estamos diciendo ‘ojo, que esto puede pasar’, sino que hemos construido planes desde cada gremio para evitar que esto pase.
¿Cómo se hace esto?
-Es algo fundamental que desde el mundo privado, la sociedad civil, el mundo político, se rechace la violencia transversalmente, con fuerza y sin matices. Nada la justifica. Una violencia descontrolada daña la democracia, las familias y sus necesidades de paz, de seguridad, de bienestar. Es fundamental no solo pedirles a las policías, sino también a los distintos actores de la sociedad que haya una condena total a la violencia, venga de donde venga. También vamos a necesitar penas mucho más duras para todo tipo de abuso. Desde el saqueo hasta el de cuello y corbata.
¿Cómo ha actuado el gobierno y los nuevos ministros?
-El gobierno ha realizado importantes cambios en la agenda, en su gabinete, y esperamos que estos se traduzcan en soluciones de corto y mediano plazo, según las urgencias.
Hace unos días dijo que no conocía empresas que hayan decidido dejar de invertir. ¿Cómo se puede garantizar esto en medio de sucesivos ataques a la propiedad?
-Los malos resultados de octubre -que estimo que será negativo- y de noviembre, no están relacionados con retiros de inversión, sino con que en el país se está trabajando a media máquina. Estamos muy preocupados de esto, hemos hablado de las inversiones con empresas internacionales y nacionales, y nos dicen que en la medida que logremos salir de este estado de violencia, reabrirán los supermercados e invertirán. Pero la incertidumbre que tenemos hoy es cómo superaremos esta primera etapa para abocarnos a la segunda. Aún estamos a tiempo de no producir un daño estructural a la inversión, pero esto requiere controlar la violencia.
Luego de la seguridad, ¿le parece razonable el avance en materia tributaria?
-Lo que le dijimos al gobierno es que lo urgente son las pymes. Hacer una ley corta para las pymes, porque lo necesitan. Nos preocupa cuando empezamos a meter otros temas, que vamos a tener que abordar más adelante, pero hoy hay que poner la urgencia a la situación de las pymes.
¿Se puede hipotecar el crecimiento al haber descartado la integración? Al menos eso advertían antes.
-Es por eso que hemos acordado de hacer un programa de crecimiento, de inversión, porque nosotros sabemos que necesitamos una democracia y una paz social no por meses o años, sino que necesitamos por los próximos 20 o 30 años. Nos duele mucho que no esté la integración, pero también entendemos que estamos en un contexto absolutamente distinto al anterior. No olvidemos que la integración es un instrumento.
¿Es posible subir más el impuesto a las empresas?
-Dado que las circunstancias son distintas, lo que hemos conversado es que deberemos tener una apertura de mente total. Hoy debemos entender que necesitamos acuerdos transversales, responsables y que tengamos muy monitoreadas las consecuencias de ellos. Y, como parte de la agenda de mediano plazo, lo tenemos que estudiar al interior de la CPC.
En el resto de la agenda social legislativa el proyecto de 40 horas sigue avanzando, en lo previsional ahora se habla de un porcentaje de reparto… ¿Es el costo a asumir?
-Lo primero que hemos transmitido a todos es que no se preocupen de mirarnos como una contraparte, vamos a ser parte de la solución. Necesitamos del mundo político que se ponga de acuerdo, si nos preguntan nuestra opinión, la daremos, pero no en categoría de imponer. Le hemos dicho al gobierno que entendemos que la primera prioridad es la paz social. Vamos a hacer los esfuerzos que haya que hacer.
Antes decían que reducir la jornada provocaría quiebras, no reintegrar el sistema tributario afectaría la inversión. ¿Por qué este cambio? ¿Eran exageradas sus críticas?
-En temas que considerábamos importantes, como la integración, en el contexto en el que estamos entendemos que hoy hay urgencias y debemos tener una mente mucho más abierta, una mirada mucho más generosa, porque aquí estamos hablando de valores que dábamos por dados, como la paz social.
¿Está dispuesto a resignar parte del crecimiento económico por esa paz social?
-Lo he conversado con varios empresarios, con mucha gente y la gran mayoría entiende que en el momento actual la prioridad es la agenda social, para lograr paz social de largo plazo. Ahora, no son excluyentes la paz social y el crecimiento: si se renuncia al crecimiento no se tiene cómo financiar una agenda social que a su vez trae paz social. La mirada de un inversionista siempre tiene que ser el largo plazo.
En la agenda de mediano plazo no nos podemos olvidar de cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a reactivar el empleo. No existe mejor recaudador para el fisco que el crecimiento. Un punto de mayor expansión recauda US$10 mil millones en cinco años. 1% de crecimiento en el impuesto a las empresas recauda US$ 800 millones. Entonces, es fundamental no renunciar al crecimiento económico para tener la capacidad de cumplir una agenda con énfasis en reducir la desigualdad.
¿Se necesita una nueva Constitución para mantener la paz social en el largo plazo?
-Es importante que tengamos una Constitución que refleje qué país y qué sociedad queremos darnos en el largo plazo. Discutamos cuál es el país que queremos, la sociedad que queremos todos, no algunos. Lo que necesitamos es perfeccionar lo que tenemos, haciéndonos cargo de los desafíos que estamos enfrentando, no a partir de cero, no dinamitar. Además, también es importante entender que la crisis actual no se soluciona con una nueva Constitución. Cuando yo miro las encuestas, hay seis temas muy grandes que hay que solucionar: pensiones, salud, educacional, laboral, tributario y constitucional. Eso según la última Criteria. Entonces la Constitución es uno de los elementos relevantes de lo que estamos conversando, pero no es el único.
¿Cómo hacerla?
-Primero, con participación ciudadana, que es vital. Tiene que haber participación ciudadana, tal cual como se hizo, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero también, como es vital la participación ciudadana, es absolutamente fundamental la institucionalidad, y esa institucionalidad hoy está radicada en el Congreso y cualquier reforma debe canalizarse a través de la institucionalidad.
Como indicaba, la medida de corto plazo es terminar la violencia, de mediano plazo es hacerse cargo de soluciones efectivas a problemas sociales reales, donde el crecimiento pasa a ser tremendamente importante.
¿Usted no está de acuerdo con la idea de una asamblea constituyente?
–Cualquier cambio hay que hacerlo dentro del marco institucional que nosotros mismos nos hemos dado como país. Prefiero en esta etapa que estamos iniciando, quedarme en los conceptos, y hay dos conceptos que hoy tenemos muy claros: participación ciudadana, que es vital, e institucionalidad, que es fundamental.
Ha hablado de reformar la Constitución, ahora la reforma de pensiones se está pareciendo cada vez más a la propuesta de la administración anterior… ¿El gobierno de la expresidenta Bachelet tenía razón en su agenda?
-No lo sé, porque cada programa está en su circunstancia. Lo que sí creo es que estas circunstancias nunca las he vivido en mi vida, son pocas en la historia de Chile. Y circunstancias nuevas necesitan propuestas nuevas, que también construyan sobre las cosas buenas, porque circunstancias nuevas con destrucción total no funciona.
“Pensar que esto se soluciona con filantropía, la verdad que no”
¿Qué aproximación tiene al impuesto al patrimonio a quienes concentran mayor riqueza en Chile?
-Vimos con mucha preocupación una discusión que no distinguía lo que es flujo de lo que es stock. Los sistemas virtuosos tributarios son los que permiten crecimiento que financie la política social. Claramente todos esos sistemas virtuosos tienen que ver principalmente con impuesto a los flujos, de lo contrario, lo que puede ocurrir es que se pongan en riesgo empresas que pueden tener patrimonio y resultados negativos, pueden terminar endeudándose, en insolvencia, porque recuerde que las empresas nunca quiebran por patrimonio, quiebran por flujo. Entonces nos parecía un error mezclar flujo con stock. No tenemos problema con el concepto de que el que tiene más pague más, entendemos que los sistemas tributarios no pueden ser regresivos. Si uno toma el stock de lo que se estaba hablando y lo transforma en flujo, eso es llevar el impuesto equivalente en flujo a sobre el 70%, depende si el anuncio del Presidente era con integración o sin integración. Si era con integración era el 70%, sin integración era el 75%. Lo que pasa es que a veces hay muchos anuncios que hacen rápido sentido común, pero hay poco doble click en lo técnico.
Andrónico Luksic también señaló estar disponible, ¿cómo ven las propuestas del aporte de los superricos?
-Primero, con buenos ojos en el sentido de decir que el empresariado quiere entregar soluciones, pero también con una preocupación. También tenemos institucionalidad gremial, somos muchos gremios que somos representantes, entonces lo que sí pediría es que lo canalicemos, entendiendo que hoy necesitamos más ‘nosotros’ con preocupaciones de ‘otros’, más que ‘yo’ con preocupaciones de ‘mí’. En un país que necesita fortalecer su institucionalidad, en el sector empresarial nos hemos dado una institucionalidad gremial. Lo que pido es que se encaucen en las institucionalidades gremiales. Por ejemplo, lo que nos pasó acá adentro con el tema de un salario mínimo que anda dando vuelta. Nos llaman las pymes desesperadas diciendo ‘ustedes lo pueden pagar, pero nosotros no. Entonces ustedes nos están matando a nosotros’. Digo, esto lo vamos a trabajar en equipo, entendiendo que el concepto empresa somos los proveedores, las pymes, los trabajadores.
Luksic dijo que entiende que no todos lo pueden pagar…
-Lógico. Él lo explica bien. Ese es el llamado, porque muchas veces resolvemos cosas mirándonos al espejo, mirando mi realidad, mi situación, y lo que tenemos que hacer es resolver cosas mirando por la ventana, qué les pasa a las pymes, a las empresas. Y en eso la institucionalidad gremial es fundamental. Para resumir, veo con muy buenos ojos un esfuerzo genuino, real, de empresarios de ser parte de la solución, y lo segundo, hacer un llamado de que lo encaucemos de acuerdo a la institucionalidad gremial.
La filantropía también ha estado sobre la mesa…
-Los temas que estamos discutiendo hoy son mucho más grandes que eso. Siempre he valorado la decisión personal, pero hoy necesitamos instrumentos mucho más contundentes, mucho más poderosos. Pensar que esto se soluciona con filantropía, la verdad que no.
Fuente: La Tercera
