La solicitud de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) que abarca gran parte del litoral de Puerto Montt ha reavivado tensiones entre comunidades indígenas, gremios productivos y autoridades locales.
Este viernes, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de Los Lagos deberá votar la iniciativa presentada por la asociación Ngulam Ñuke Lafken, que busca la administración de un área de 56.482 hectáreas -desde Huelmo hasta Chaicas, incluyendo las islas Maillen y Huár-, una extensión que ha sido calificada por distintos sectores como «desproporcionada».
La solicitud, presentada a fines de 2020, ha generado una creciente inquietud entre pescadores artesanales, trabajadores del salmón, gremios del comercio y parlamentarios, que advierten que su eventual aprobación podría alterar significativamente el desarrollo productivo de la capital regional y su borde costero.
A la sesión programada para este viernes a las 15.00 horas en el Salón Azul del Centro Administrativo Regional se suma una marcha de rechazo convocada desde las 14.00 horas por diversos sindicatos y organizaciones.
La mirada pesquera
Desde el mundo pesquero, las críticas han sido particularmente severas. Alfonso Almonacid, presidente del Sindicato de Pescadores Capilla Tenglo y director de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), cuestionó los alcances de la propuesta.
«Por historia, hemos estado en el borde costero en nuestro sector. Yo hablo de Isla Tenglo, Isla Maillen, zonas de pesca, caladeros, recolección de mariscos, de algas. Estos caballeros se creen dueños de fundo. Tengo un problema con la Ley de Caletas. Estoy sacando un permiso para poder instalar un muelle flotante de uso de la comunidad de Isla Tenglo, pero ellos se han negado a darme la firma para desafectar ese espacio. Entonces, cuando dicen que es para proteger, para cuidar y que están de acuerdo con los pescadores artesanales, no es así», dijo a El Llanquihue.
El dirigente agregó que las comunidades que impulsan la Ecmpo «nunca han sido pescadores, nunca han sido recolectores de orilla y ahora quieren adueñarse de todo aquello donde por años nosotros hemos hecho historia. Ahí es donde no estamos de acuerdo».
«Una desproporción»
Otros actores también observan con preocupación el proceso. Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón, advirtió a El Llanquihue que el alcance de la solicitud podría afectar la estabilidad del empleo en la zona.
«Respetamos su decisión de solicitar esto, porque es parte de la prerrogativa que tienen como pueblo originario, pero creemos que es totalmente una desproporción», señaló.
El dirigente agregó que el trámite podría tener consecuencias directas en la gobernanza del borde costero.
«Somos muy respetuosos del espíritu de la Ley Lafkenche, pero no se está cumpliendo hoy día. Creemos que puede tener complicaciones mayores con la gobernanza. Ya vemos con una Ecmpao del sector Hornopirén, en la que tanto la industria salmonera como los pescadores artesanales están fuera del plan de administración. Son vacíos que ha dejado la ley», afirmó al citado medio.
Según Santibáñez, el solo hecho de iniciar la tramitación de una solicitud de este tipo genera un «efecto suspensivo» que puede frenar decisiones en la industria salmonera.
«Eso puede perjudicar la estabilidad de los trabajadores», advirtió. Y añadió que «una vez otorgado ese permiso, después de un año se conoce el plan de administración. Eso es perjudicial. En cualquier otro tipo de actividades, se exige saber qué se va a hacer con el espacio que se está pidiendo. Acá es al revés».
Aunque dijo respetar los derechos ancestrales, insistió en que «sean mesurados, porque es una total desproporción de un espacio costero para un grupo de personas».
Por ello, llamó a «aunar criterios para que todo el borde costero que pueda ser solicitado, tenga la justa armonía para el desarrollo de los pueblos originarios, la pesca artesanal y de la salmonicultura».
La mirada del comercio
Desde el ámbito empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo e Industrias de Puerto Montt, Patricio Ampuero, acusó a El Llanquihue que la Ley Lafkenche «vino a instalar un problema artificial donde no lo había, porque antes de su promulgación, había una sana convivencia de diferentes actores que ocupaban los mismos espacios marítimos».
El dirigente gremial agregó que, amparados en esa normativa, «grupos de interés políticos y sobreideologizados en temas ambientales, encontraron la excusa perfecta para empezar a poner problemas Ecmpo da la matriz económica de la macrozona sur».
A su juicio, una eventual aprobación «se impediría la generación de las actividades relacionadas con el mar que hoy día conocemos en la capital regional», lo que paralizaría tanto la actividad comercial «de menor y gran tamaño».
Ampuero pidió al Ejecutivo «ponerse serios» en este tema, e instó a las futuras autoridades a decretar una moratoria «hasta que no se discuta la real validez inicial de la ley».
En su opinión, si no es posible derogar la normativa, «al menos se debe modificar su reglamento, para que tanto las actividades productivas como las costumbres ancestrales puedan convivir sin problemas, tal como lo venían haciendo durante décadas, hasta la aplicación de esta ley».
Parlamentarios: «Dañan la Ley Lafkenche»
En el plano político, el debate también se ha trasladado al Congreso. El diputado Alejandro Bernales (PL) sostuvo que «este tipo de solicitudes son las que han dañado la Ley Lafkenche».
Según señaló a El Llanqihue, «nos parece que hay un ánimo de no querer convivir con quienes durante muchos años han estado trabajando o viviendo en el borde costero de Chinquihue o de la Carretera Austral».
Bernales llamó a la Crubc a entregar una señal clara y advirtió que «este tipo de situaciones rayan en lo absurdo, ante lo Ecmpo y que tomar medidas pronto».
Agregó que espera que «lo que ocurra acá lo vea el Ejecutivo, las instituciones de gobierno, y que se den cuenta de que lo que denunciamos los parlamentarios, que hay un aprovechamiento de la ley, es una realidad».
Su par del Distrito 26, Mauro González (RN), fue aún más categórico. Solicitó que no se aprueben nuevas solicitudes «mientras no se modifique la Ley Lafkenche», e instó a los representantes del gobierno en la Crubc «a rechazar esta solicitud. En especial, a los representantes del gobierno que en las últimas oportunidades han votado a favor. No podemos entregar el borde costero en perjuicio de la gran mayoría».
González sostuvo que el espíritu original de la ley se ha desvirtuado y «se ha transformado en un mecanismo que provoca conflictos sociales y bloquea el desarrollo económico en el sur de Chile».
Según dijo a El Llanquihue, «hemos visto cómo estos Ecmpo han paralizado inversiones y han generado un profundo sentimiento de injusticia entre quienes viven y trabajan en las áreas costeras».
El parlamentario pidió a la Crubc «votar en conciencia, rechazando la solicitud de Ecmpo que dejaría a un grupo con el control exclusivo de una vasta área, sin criterios técnicos claros ni participación real de la comunidad en general».
Fuente: Emol.com
