En septiembre de 2024, Marcela Cubillos, abogada, exmilitante de la UDI y exministra de educación del gobierno de Sebastián Piñera, encendió la polémica al conocerse el monto de su exorbitante sueldo como académica de la Universidad San Sebastián; ni más ni menos que 17 millones de pesos mensuales.
Un año después de la controversia, Cubillos reapareció en el debate público para respaldar la decisión de las universidades privadas que se negaron a entregar al Gobierno las planillas salariales de sus funcionarios.
La discusión surge en el marco del Presupuesto 2025, donde se estableció que las instituciones que reciben fondos públicos debían informar al Ministerio de Educación los sueldos de su personal. Sin embargo, según reveló «El Mercurio», 13 universidades privadas y del G9 no entregaron la información, entre ellas la Universidad Católica, U. Diego Portales, U. de los Andes, U. Adolfo Ibáñez y U. Finis Terrae.
En una carta publicada en el mismo medio, Cubillos destacó: “Leo estos días que la gran mayoría de las universidades han defendido, y con razón, los principios de una sociedad libre, en particular la autonomía de las instituciones, para negarse a entregar información sobre sus sueldos»
La abogada argumentó que divulgar remuneraciones viola la libertad y la privacidad protegida por ley. Para graficar su postura, planteó ejemplos como si cada persona tuviera que llevar “un letrero con su sueldo en la frente”, o si bajo la foto y nombre de cada columnista y panelista de TV se informara públicamente cuánto gana.
Cubillos recuerda polémica por su sueldo en la USS
Cubillos también aludió directamente a la controversia que la afectó hace un año «Algunos señalaron, hace un año, que el problema no era el sueldo, sino el tono de mi argumentación (…) cómo reaccionarían si fueran publicados sus nombres y remuneraciones en instituciones privadas» cuestionó.
La exministra cerró su carta celebrando la resistencia de las casas de estudios a obedecer el oficio, enviado por la Subsecretaría de Educación Superior: «Celebro hoy que la autonomía de las instituciones de educación superior se defienda, que la ley de protección de datos se respete, y que la libertad se resguarde» señaló.
