La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó diversos allanamientos esta madrugada para capturar a 66 imputados en el marco de una indagatoria que busca desarticular una red de corrupción conformada por gendarmes y que operaba en varios penales del país.
El operativo dejó un total de 44 funcionarios penitenciarios detenidos. Según explicaron las autoridades, el personal policial realizó la operación en siete regiones y la red criminal operaba en al menos nueve recintos penitenciarios, principalmente en el Penal Santiago 1.
Además de los gendarmes, la organización criminal estaba conformada por 35 civiles. El Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, sostuvo en un punto de prensa dijo que la grupo criminal operaba en 9 centros penitenciarios. «Del análisis de información respecto de investigaciones que venían dándose en distintas fiscalías regionales desde el año 2022, tomamos conocimiento a grandes rasgos de que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y el CPF San Joaquín, funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares realizaban actos destinados al ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos».
Junto con ello, los funcionarios también «adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas que, de no haber mediado estos actos de corrupción, no podrían haber entrado a los recintos penitenciarios, especialmente a Santiago».
La policía realizó el operativo en Penal Santiago 1 y CPF San Joaquín, además de «otros siete a nivel nacional». 40 de los funcionarios aprehendidos tenían orden de detención en su contra por esta investigación, mientras que los cuatro capturados restantes fueron sorprendidos cometiendo delitos flagrantes. «Logramos congelar activos en 183 cuentas bancarias pertenecientes a las personas que aparecen ligadas a este procedimiento», dijo el persecutor, añadiendo que «se incautaron 9 inmuebles, 16 vehículos, y aproximadamente 50 cincuenta millones de pesos».
Modus operadi
Según comentó el persecutor, la red criminal operaba mediante la «colusión» entre los gendarmes y los civiles para ingresar diversos artículos a los recintos penitenciarios. Uno de estos mecanismo consistía en los que los funcionarios dejaban que los «manilleros» -civiles que portan elementos prohibidos- pasaran portando las especies a los recintos penitenciarios a cambio de un sorborno. Estos elementos son carnes, alcohol y otras sustancias. De hechos, esta forma habría sido utilizada para que 23 reos realizaran una fiesta, que incluyó asado y whisky, en el interior del penal de Santiago 1. Este episodio fue ampliamente difundido por los mismos presos a través de redes sociales.
Otro mecanismo era que los funcionarios penitenciarios permitían el acceso de encomiendas que contenían elementos prohibidos o que visitantes que no se encontraban enroladas en el sistema producto de su estado de migrante irregular, pudieran ingresar a los establecimientos, eludiendo los controles de Gendarmería.
En el interior de la cárcel según Pastén, los funcionarios ingresaban además elementos prótidos en el interior de los recintos carcelarios. Uno de ellos fue denominado como «la feria», que consistía en que los propios gendarmes ofrecían dichas especies a los internos. Se trataba de una especie de «delivery».
«En el sector de los módulos, hemos detectado que funcionarios de Gendarmería, previo pago, procedían a trasladar internos que, de no haber mediado este pago ilícito, no hubiesen podido transportarse de un módulo a otro. Y en algunas ocasiones también los funcionarios de Gendarmería obligaban a los internos a entregar una suma de dinero para devolverle los propios teléfonos que previamente le habían incautado», añadió.
Fuente: Emol.com
