Tras una audiencia de nueve días, el Juzgado de Garantía de Castro desestimó los cargos de organización criminal y lavado de activos contra 25 comuneros. La mayoría de los involucrados quedó con medidas cautelares de baja intensidad, mientras la Corte de Apelaciones define el futuro de nueve de ellos.
Tras una extensa audiencia de nueve días, el Juzgado de Garantía de Castro comunicó los cargos contra un total de 25 imputados vinculados a la explotación ilícita de recursos forestales en la localidad de Púlpito, comuna de Chonchi, en la provincia de Chiloé.
De acuerdo a la fiscalía a los involucrados se les atribuye participación en delitos de usurpación de bienes raíces, sustracción de madera, comercio clandestino, asociación delictiva y, en casos específicos, lavado de activos.
Según los antecedentes presentados, esta agrupación operaba desde al menos el año 2018, utilizando maquinaria pesada para la habilitación de caminos en predios particulares y fiscales.
El fiscal de La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Daniel Alvarado, detalló que el daño ambiental es tan grande que es imposible que se renueve la zona intervenida, la que se hizo a «tala rasa».
Por su parte, la abogada defensora de gran parte de los involucrados, Orieta Llauca, calificó la tesis de la Fiscalía como una «ficción jurídica» y cuestionó los montos involucrados.
La defensa argumentó que este proceso representa la «criminalización» de reclamos legítimos por la devolución de tierras ancestrales de las comunidades indígenas Huilliches.
La abogada defensora, sostuvo que los imputados actuaron bajo la convicción de estar en su territorio, basándose en el Convenio 169 de la OIT que reconoce la propiedad ancestral por sobre la registral.
La abogada explicó que la disputa surge porque el Estado vendió terrenos con «títulos de realengo» a particulares, omitiendo la posesión histórica de las comunidades.
Ante esta situación, los comuneros ya han iniciado demandas civiles de reivindicación en contra de los particulares que actualmente poseen los títulos inscritos de las tierras.
