Una mujer de 65 años, atendida en el Hospital San José de Osorno, quedó desprotegida tras un fallo de la Sala Constitucional que habría copiado casi íntegramente una resolución de 2025.
El pasado 30 de marzo de 2026, la Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió un dictamen que denegó el acceso al fármaco Riociguat a M.P.V., una paciente osornina de 65 años que padece complicaciones pulmonares graves.
El caso –publicado por el sitio web de investigación Ciper Chile– ha generado un escándalo judicial tras denunciarse que el fallo es un plagio de una sentencia emitida en enero de 2025. El texto legal copió cinco de los seis considerandos jurídicos, incluyendo nombres de médicos y partes que no corresponden al caso actual.
Los magistrados Adelita Ravanales, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, junto a las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz, firmaron el documento que hoy es objeto de cuestionamientos ante la presidencia del máximo tribunal.
Errores y nombres ajenos
La investigación de CIPER reveló que la sentencia del 2026 es casi idéntica a una resolución de 2025 que involucraba a la Isapre Consalud y el fármaco Pembrolizumab para tratar un cáncer.
En el primer considerando, los ministros dejaron el nombre de la recurrente del año anterior y mencionaron a la Isapre como contraparte, a pesar de que el recurso de Osorno se dirigía contra el Ministerio de Salud y Fonasa.
Incluso, la sentencia cita el informe del médico Cristian Carvallo, especialista del caso de 2025, ignorando a los doctores Pablo Sepúlveda y Francisco Cano, quienes realmente tratan a la paciente de Osorno.
Contradicciones
Un aspecto crítico es que la Corte de Apelaciones de Valdivia sí había acogido previamente el recurso de protección a favor de la paciente, ordenando al Servicio de Salud Osorno proveer el medicamento.
Sin embargo, el fallo plagiado de la Corte Suprema indica que «se confirma la sentencia apelada», lo cual resulta contradictorio, pues los magistrados terminaron rechazando el acceso al tratamiento que la instancia regional ya había otorgado.
Los ministros Astudillo y Ruz argumentaron posteriormente que el rechazo se debió a que el medicamento no está incorporado en las Garantías Explícitas en Salud (GES), calificando la entrega como una posible discriminación de trato.
Denuncia ante la presidencia
Los hechos fueron denunciados formalmente el 8 de abril ante la presidenta del máximo tribunal, Ana Gloria Chevesich, mediante una carta enviada por la defensa de la afectada.
La abogada de la paciente, Bárbara Silva, junto a Karinna Fernández, señalaron además que el tribunal no aceptó escuchar los alegatos de las partes antes de emitir la cuestionada resolución.
Actualmente, las abogadas de la paciente de Osorno han ingresado una solicitud de aclaración y rectificación de la sentencia, a la espera de una respuesta que defina el futuro del tratamiento vital de la mujer.
