El Juzgado de Garantía de la capital regional estableció un plazo de 120 días para la investigación, tras la formalización de tres sujetos por delitos contra el orden público y funcionarios en ejercicio.
En una audiencia de control de detención y formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Valdivia, el Ministerio Público imputó a tres personas por el delito de atentado contra la autoridad.
Tras conocer los antecedentes del caso, el tribunal resolvió aplicar medidas cautelares que limitan el desplazamiento y las comunicaciones de los involucrados durante el desarrollo de la causa.
La decisión judicial busca proteger la integridad de las personas afectadas y asegurar la comparecencia de los imputados en las etapas siguientes de la investigación penal.
Medidas cautelares aplicadas
El magistrado a cargo de la instancia determinó que los tres sujetos deberán cumplir con la medida de arraigo nacional, lo que les impide salir del territorio chileno sin autorización previa.
Asimismo, se decretó la firma quincenal, una obligación que exige a los imputados presentarse periódicamente ante las dependencias correspondientes para acreditar su presencia en la zona.
A estas restricciones se suma la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, medida que rige para cualquier recinto, ya sea este de carácter público o privado.
Resguardo del proceso judicial
El Juez de Garantía fundamentó la imposición de estas cautelares señalando que son las herramientas necesarias para «asegurar satisfactoriamente todos los fines del procedimiento».
Según el criterio del tribunal, estas medidas resultan proporcionales al delito de atentado contra la autoridad que se les imputa a los tres individuos detenidos.
Estas restricciones se mantendrán vigentes mientras se desarrolle la investigación, «mientras no se les diga lo contrario» por parte de la misma sede judicial.
Plazo de investigación
Tras la formalización de los cargos, el tribunal procedió a fijar el calendario de diligencias que deberá liderar el Ministerio Público para esclarecer la dinámica de los hechos.
Se estableció un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual se recopilarán los peritajes y testimonios necesarios antes de una eventual acusación o juicio.
La fiscalía regional continuará con la recolección de evidencia para sustentar los cargos por este atentado contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
