Representantes del gremio advierten que las exigencias normativas previstas para el periodo 2025-2027 generarán altos costos de implementación, afectando potencialmente a más de dos millones de socios.
Las cooperativas de ahorro y crédito en Chile han manifestado formalmente su preocupación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El sector advierte que la carga regulatoria actual y futura representa un desafío que difícilmente pueden absorber con la misma capacidad que la banca tradicional.
Según los actores del rubro, la principal dificultad radica en la acumulación de normativas que deben ejecutarse de forma simultánea. Esta situación ha llevado al gremio a señalar que «no tenemos tanta fuerza como los bancos» para enfrentar tales procesos de transformación institucional.
### Un aluvión de normativas hasta 2027
Entre los años 2025 y 2027, el sistema financiero nacional deberá adoptar un conjunto de reformas legales de alto impacto técnico. Estas incluyen la Ley de Deuda Consolidada, la Ley de Protección de Datos y la Ley de Ciberseguridad.
Asimismo, las entidades deberán adecuarse a la Ley de Prevención del Delito y al nuevo Sistema de Finanzas Abiertas. Actores del sector indican que estas exigencias demandan inversiones en tecnología y procesos que elevan los costos operativos de manera significativa.
Desde el mundo de las cooperativas explican que, si bien la banca tradicional puede soportar estas cargas dado su alto patrimonio, para su sector implican costos elevados. Esto pone en riesgo la agilidad de cumplimiento de instituciones con estructuras más pequeñas.
### Brecha frente a la banca tradicional
Actualmente, el segmento de las cooperativas representa menos del 2% de los activos financieros totales del sistema chileno. No obstante, su relevancia social es considerable, ya que atienden nichos que la banca comercial no suele cubrir.
El sector cuenta con más de 2 millones de socios en todo el país, distribuidos en diversos grupos económicos. Entre los principales usuarios se encuentran trabajadores del sector público, microempresarios y pensionados.
Para zonas con fuerte actividad productiva, destaca la presencia de agricultores como socios estratégicos de estas instituciones. El encarecimiento de los procesos internos de las cooperativas podría impactar indirectamente en el servicio entregado a estos rubros.
### El llamado a la flexibilidad
Ante este escenario, los representantes de las cooperativas han solicitado formalmente al regulador que ajuste los plazos de implementación a la realidad del sector. Piden que se considere su patrimonio y capacidad técnica para evitar brechas de cumplimiento.
El objetivo de esta solicitud es garantizar que la modernización del sistema financiero sea inclusiva y no excluya a las instituciones de economía social. Los actores del rubro esperan que la CMF evalúe medidas de gradualidad en los próximos meses.
El avance de las conversaciones entre el gremio y la autoridad será determinante para definir la sostenibilidad de la inclusión financiera en los sectores rurales y trabajadores del país.
