Tras un extenso proceso judicial que se prolongó por casi una década, la empresa Comercial Padre Tadeo S.A. recuperó un terreno en Calcurrupe Bajo. El desalojo, coordinado por Carabineros, se basó en una sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

La justicia civil concretó la restitución de un predio ubicado en el sector de Calcurrupe Bajo, en la comuna de Lago Ranco, poniendo fin a una ocupación que comenzó hace nueve años. El procedimiento de desalojo se ejecutó tras quedar a firme y ejecutoriada la sentencia en septiembre de 2025.

El operativo permitió que el terreno regresara a manos de sus propietarios legales, la empresa Comercial Padre Tadeo S.A., quienes adquirieron el inmueble originalmente a través de un remate bancario. La acción judicial se dirigió contra la comunidad indígena Francisco Tripayán Añanco.

Un proceso judicial marcado por dilaciones

El abogado representante de la empresa, Cristóbal Grünwald, explicó en entrevista con Radio Sago que el caso se extendió debido a la lentitud del sistema civil y a estrategias de la contraparte. Según el jurista, el proceso de reivindicación indígena enfrentó múltiples obstáculos administrativos durante casi una década.

«Cada vez que teníamos algún tipo de éxito o avance, cambiaban el representante legal de la comunidad, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso judicial», señaló Grünwald. Estas maniobras dificultaban las notificaciones legales y retrasaban las resoluciones de los tribunales competentes.

Pese a los intentos por invocar derechos ancestrales, el abogado enfatizó que no existía documentación que respaldara dichas pretensiones sobre el predio de parcelas de agrado. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la propiedad de la firma comercial.

Detalles del operativo de desalojo

El lanzamiento del predio se realizó la semana pasada en un ambiente de tensión, aunque no se registraron incidentes de violencia de gravedad. La intervención de la fuerza pública fue fundamental para asegurar que la comunidad hiciera abandono voluntario de la propiedad.

«Afortunadamente, el buen actuar del mayor Cáceres logró generar un clima en el que finalmente la comunidad hizo abandono del predio sin mayor problema», detalló el abogado Grünwald. El profesional destacó que, aunque hubo roces menores, la diligencia se cumplió bajo el mandato judicial.

El terreno recuperado se sitúa en una zona de alta plusvalía por el desarrollo de casas de veraneo, factor que habría despertado el interés de los ocupantes tras años de desuso. La entrega formal del inmueble a sus dueños se realizó inmediatamente tras el despeje de la zona.

Vigencia de la nueva Ley de Usurpaciones

Un aspecto relevante de este caso es la advertencia realizada por las autoridades respecto a la nueva Ley de Usurpaciones, vigente desde noviembre de 2023. Esta normativa endurece las penas y facilita la detención inmediata de quienes ocupen predios de forma ilegal.

Durante el procedimiento, se informó a los ocupantes que cualquier intento de reingreso al predio será tratado bajo esta nueva legislación penal. Esto permitiría una respuesta mucho más rápida y efectiva de Carabineros frente a posibles nuevas tomas en el futuro.

«Si la comunidad o algún otro tercero vuelve a ingresar al predio con ánimo de señor y dueño, se va a aplicar la ley nueva y ahí es mucho más expedito», advirtió Grünwald.

Con esta resolución, se cierra uno de los conflictos por tierras más prolongados de la Región de Los Ríos.