La Comisión de Agricultura de la Cámara analizó la crisis generada por perros de libre deambular, que dejaron 90 mil mordeduras y millonarias pérdidas agropecuarias. Expertos sugieren replicar programas de esterilización metropolitanos en el sur de Chile con fondos regionales.
La crisis por los ataques de perros de libre deambular a personas, ganado y fauna silvestre concentró el debate de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados celebrada ayer martes, donde representantes gremiales y animalistas expusieron cifras alarmantes y coincidieron en una solución estructural: involucrar activamente a los Gobiernos Regionales en el financiamiento.
Según un estudio de la Subdere y la Universidad Católica, históricamente se han detectado cerca de 4 millones de mascotas sin supervisión en Chile, un escenario que supera la capacidad municipal.
Florencia Trujillo, abogada de la Fundación Derecho y Defensa Animal, detalló que existen entre 1,2 y 1,3 millones de perros en zonas rurales del país.
De esta cifra, precisó que un 14% deambula libremente por los campos pese a tener dueño, afectando gravemente la biodiversidad local.
Impacto millonario en la ganadería del sur
El sector agropecuario reporta pérdidas constantes e insostenibles, como lo explicó Rodrigo Mardones, gerente de Agrollanquihue, quien detalló que los daños en el ganado destruyen la proyección económica y merman la agricultura familiar campesina.
Una encuesta gremial reciente cifró en cerca de 40 millones de pesos las pérdidas reportadas por solo 18 productores, tras la muerte de 90 animales por ataques de jaurías.
Mardones enfatizó el grave riesgo sanitario que esto implica, recordando que los perros en predios agrícolas son vectores de enfermedades como la hidatidosis.
A nivel de seguridad ciudadana la situación también es crítica.
El diputado Daniel Lilayu expuso que durante el último año 90.000 personas sufrieron mordeduras y 23 fallecieron a nivel nacional por ataques de canes.
El modelo a replicar por los Gobiernos Regionales
Para enfrentar la sobrepoblación, los expositores solicitaron descentralizar los recursos, argumentando que la actual legislación carece de financiamiento efectivo.
Trujillo destacó el programa del Gobierno Regional Metropolitano, que financia programas de tenencia responsable de forma sostenida hace más de diez años.
«Es fundamental que la ley involucre a otras autoridades como son los gobiernos regionales y sus programas de inversión», afirmó la abogada ante los parlamentarios.
Desde Agrollanquihue respaldaron esta visión, indicando que los programas de ordenamiento territorial de los Gobiernos Regionales no deben quedar excluidos de la política pública.
Urgencia legislativa y próximas medidas
Actualmente, el Congreso tramita proyectos fusionados para establecer el deber del Estado en la protección de la fauna silvestre y controlar los perros asilvestrados.
Entre las propuestas del gremio agrícola destaca la posibilidad de declarar a las jaurías ferales como especie invasora y definir zonas de exclusión rural.
Para analizar el financiamiento y la viabilidad técnica de estas acciones, la comisión acordó citar próximamente a la Subdere, al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y al Ejecutivo.
