En conversación con Radio Sago, el vecino sostuvo que la cobranza derivó en una serie de anomalías procedimentales, asegurando que jamás recibió la notificación correspondiente por parte de un receptor judicial.
Una familia del sector rural de Puerto Octay enfrenta una crítica situación legal tras el remate de su vivienda y terreno por una morosidad originada en un crédito de consumo de $3 millones.
El afectado, Cristián Cárdenas, habita la propiedad de media hectárea desde hace más de 25 años junto a su esposa y una hija.
Pese a que el inmueble está avaluado entre $70 y $80 millones, la adjudicación en la subasta concluyó en $11,5 millones.
En conversación con Radio Sago, el vecino sostuvo que la cobranza derivó en una serie de anomalías procedimentales, asegurando que jamás recibió la notificación correspondiente por parte de un receptor judicial.
Cárdenas detalló que tomó conocimiento directo del hecho cuando dos personas acudieron a su domicilio el lunes 26 para informarle que el terreno ya había sido subastado.
«Pienso que hay algo malo», declaró Cárdenas a Radio Sago, afirmando que existen aspectos oscuros en el procedimiento y ratificando que se mantendrá en el inmueble y que ya cuenta con asesoría legal.
Frente a las denuncias, BancoEstado detalló que la entidad «realizó múltiples gestiones de contacto para buscar soluciones de normalización de la deuda del cliente y evitar llegar a instancias judiciales».
La institución añadió que, tras agotar dichas instancias de acercamiento, recurrió al procedimiento judicial conforme a la ley y a la regulación sectorial bancaria vigente.
