La situación de familias de la provincia de Osorno que han perdido sus viviendas a raíz de procesos de remate por deudas motivó una solicitud de antecedentes presentada por el diputado Daniel Lilayú ante BancoEstado.

Esto con el objetivo de conocer en detalle cómo se han desarrollado estos procedimientos y cuáles fueron las condiciones que enfrentaron los propietarios afectados.

Un punto de preocupación tiene relación con la proporcionalidad entre las deudas y el valor de las propiedades rematadas, cuestionando también los casos en que los inmuebles finalmente se adjudican por montos considerablemente inferiores a su tasación.

Lilayú indicó que espera recibir una respuesta dentro del plazo de fiscalización parlamentaria, que señaló como de 15 días, y advirtió que, de no obtener los antecedentes, existen otras instancias en la Cámara de Diputados para insistir en la entrega de la información.

El requerimiento busca establecer cuántas viviendas fueron efectivamente rematadas durante los últimos cinco años en la provincia, de qué manera se notificó a sus propietarios y qué posibilidades tuvieron para ponerse al día con sus obligaciones financieras.