A fine de agosto pasado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió clausurar los centros de engorda de salmones Huillines 2 y Huillines 3, pertenecientes a la canadiense Cooke Aquaculture, tras acreditar que la empresa introdujo “modificaciones sustantivas” a sus proyectos sin contar con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Además de la clausura -temporal- la sanción incluyó además una multa de US$14 millones por presuntas infracciones ambientales.
Sin embargo, la ONG ambientalista Greenpeace y la Fundación Terram recurrieron al Tercer Tribunal Ambiental para pedir el cierre total y definitivo de los centros de cultivo.
De acuerdo a información de prensa, el 12 de septiembre Fundación Terram —representada por Flavia Liberona— solicitó establecer la clausura total y definitiva de ambos recintos, pidiendo en un nuevo escrito que la SMA dicte un nuevo acto administrativo, ya que el de agosto no estaba ajustado a derecho.
Por su parte, Roxana Muñoz, experta de incidencia de la ONG transnacional Greenpeace en Chile, comentó a El Mercurio que “lo razonable habría sido aplicar la clausura total y no solo de las modificaciones sin RCA.»
Respuesta de Cooke
En tanto, el gerente general de Cooke Chile, Andrés Parodi, rechazó las reclamaciones y calificó la acción de las ONG como una muestra de “ambientalismo extremo”.
En un comunicado, la empresa afirmó que la compañía «ha demostrado en el proceso que no causó daño alguno al medioambiente, que cumplió el 100% de los requisitos establecidos por las autoridades sectoriales para desarrollar su actividad y que, siendo una de las empresas más pequeñas de la industria, ha demostrado su compromiso con el medioambiente, siendo incluso la única empresa en el país que produce salmón orgánico certificado”.
El ejecutivo advirtió que este proceso son una especie de «expropiaciones indirectas», que podrían afectar al 30% de todas las concesiones de mar.
Además, dijo que las ONG’s buscan eludir el imperio del derecho y, «de forma administrativa y por la puerta trasera, jibarizar esta industria a pesar de que ofrece miles de trabajos formales e inyecta divisas por billones de dólares al país cada año”.
“Estas reclamaciones son una muestra irrefutable de la intención declarada del ambientalismo extremo de atacar las fuentes de trabajo en el sur del país”, señaló.
