Campo Seguro aborda la seguridad desde una perspectiva legislativa, normativa, operativa e institucional, al inicio de un nuevo gobierno.
En primera instancia el Gerente de Campo Seguro, lamento el ataque a mansalva de un carabinero en Puerto Varas, el cual se encuentra hospitalizado en estado de muerte cerebral y remarcó que en la zona no se había producido un delito de esta gravedad.
El objetivo de «Campo Seguro» es fortalecer el Estado de Derecho en el mundo rural, proteger la actividad agropecuaria y responder a las particularidades territoriales que hoy no están adecuadamente cubiertas por la política de seguridad urbana.
En el plano legislativo, la iniciativa impulsa una agenda enfocada en el fortalecimiento penal de la seguridad rural, destacando el proyecto de ley que establece como agravante la comisión de delitos en zonas rurales, según su Gerente Francisco Muñoz Le Breton.
Asimismo, propone una actualización de la legislación sobre abigeato, incorporando técnicas especiales de investigación, ampliando la calificación penal a insumos y equipamiento agropecuario, y sancionando la comercialización de productos provenientes de este delito. También releva la aplicación del Convenio Nº169 de la OIT y la necesidad de una implementación efectiva de la Ley Antiterrorista, incluyendo la elaboración pendiente de la Estrategia Nacional de Combate al Terrorismo.
Desde una perspectiva normativa, Campo Seguro plantea incorporar la seguridad como un fin explícito en la Ley de Donaciones, permitiendo canalizar recursos privados hacia iniciativas de seguridad rural. A ello se suma la necesidad de mejorar la regulación de los perros asilvestrados, mediante su declaración como plaga o su captura y disposición institucional, así como establecer un marco presupuestario en la Ley de Royalty Minero que habilite a los municipios a destinar recursos a seguridad ciudadana.
En el ámbito operativo e institucional, promueve una mejor gestión de la información y una respuesta más eficaz del Estado, mediante la desagregación de estadísticas delictuales urbano-rurales, la ampliación de encuestas de seguridad a sectores rurales y la creación de un sistema de información compartida entre policías. Impulsa el uso de inteligencia artificial para la búsqueda de prófugos y vehículos robados, la georreferenciación de llamadas de emergencia en zonas rurales y expresa preocupación por ciertas propuestas institucionales que podrían afectar la certeza jurídica y la seguridad en el mundo rural.
