Congreso y crisis sanitaria en Osorno: Hubo consenso entre parlamentarios para caducar a la empresa Essal

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Tanto el Senado como el Congreso realizaron una sesión especial para abordar la crisis del agua potable en Osorno. En la ocasión, además de los senadores y los diputados, estuvieron presentes los ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; de Economía, Juan Andrés Fontaine; de Salud, Jaime Mañalich y el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas.

Ambas Cámaras llegaron a un consenso para presentar un acuerdo que buscará la caducidad de la concesión de Essal

En primera instancia, la Cámara Alta comenzó la discusión, en donde el parlamentario PS por Los Lagos, Rabindranath Quinteros expresó un rechazo transversal al rol de Essal en el problema y se aumentó la presión para caducar la concesión de la empresa.

En tanto, su símil, Iván Moreira (UDI), manifestó que Essal es un símbolo de mala administración e incluso la calificó de inoperante.

Por su parte el senador RN, Andrés Allamand, añadió que aun cuando se ha sostenido que es muy complejo terminar la concesión “es fundamental dar una señal categórica, ejemplificadora para las empresas del área sanitaria, que tienen que cumplir la ley y mantener los estándares que exige la ciudadanía”.

Posteriormente vino la sesión extraordinaria del Congreso, instancia en la cual participaron los cuatro parlamentarios por Osorno. El diputado UDI, Javier Hernández describió a la empresa Essal como un “depredador de la codicia”.

En la sesión, el diputado, Alejandro Bernales (PL), igualmente criticó a Essal y puso en evidencia su negligencia, dando como ejemplo las falencias que ha tenido a lo largo de la región de Los Lagos.

Finalmente se solicitó al Ministro de Economía abrir programas a través de Corfo y Sercotec, considerando las pérdidas económicas que sufrieron los pequeños y medianos comerciantes producto de esta crisis que ocasionó que la principal fuente de ingresos de muchas personas se viera gravemente afectada.

De la misma forma se pedirá al Estado, al Gobierno de Chile, al Ejecutivo, mayores atribuciones a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, mayores multas y mayores posibilidades de caducar una concesión cuando una empresa no esté a la altura de los servicios que tiene que entregar.

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