Un profesor que se desempeñaba en la educación municipal de Puerto Montt, pese a registrar una condena por un delito sexual, fue desvinculado de sus funciones, luego que la Municipalidad apareciera en un informe de la Contraloría General de la República por incumplimientos a la normativa vigente.
El caso quedó al descubierto tras la publicación del décimo noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo contralor, el cual reveló que la Municipalidad de Puerto Montt figura entre 33 instituciones a nivel nacional que durante 2025 mantuvieron contratadas a personas inhabilitadas para ejercer funciones públicas con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.
El informe detalla 35 casos a nivel país, concentrados principalmente en municipalidades, aunque también involucra a Servicios Locales de Educación Pública, Servicios de Salud, corporaciones municipales y hospitales. Asimismo, se consigna que entre 2020 y agosto de 2025 se registraron 164 personas inhabilitadas que ejercieron o ejercen funciones con menores de edad en 72 instituciones del Estado, situación que —según Contraloría— vulnera la normativa vigente y compromete la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Respecto del caso específico de Puerto Montt, el alcalde Rodrigo Wainraihgt (RN) señaló que el funcionario involucrado correspondía a un profesor de un liceo municipal, cuya condena fue notificada al municipio durante el año 2025. Según explicó, una vez conocida la resolución judicial, se activaron de inmediato los procedimientos internos.
Desde el municipio informaron además que el director jurídico, Osvaldo Emhart, ofició a la Contraloría General de la República para solicitar mayores antecedentes y esclarecer si existirían otros casos similares al interior de la casa edilicia, lo que fue confirmado por el alcalde Wainraihgt.
La Contraloría, en tanto, instruyó a todas las instituciones involucradas dar cumplimiento inmediato a la normativa vigente, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Finalmente, desde la Municipalidad de Puerto Montt aseguraron que se está solicitando información a la Contraloría para determinar si existen otros casos similares.
