De 11% a 23% aumentó la preocupación ciudadana por la corrupción durante la última década. Así lo demostró un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) que analizó la percepción de los chilenos ante el fenómeno que ha afectado a diversas instituciones del país. Los más recientes son los casos de la irrupción del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, además del mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos y los cuestionados convenios del Estado con entidades privadas, que han provocado diversas críticas desde la población.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 del organismo Transparencia Internacional, Chile, que el año pasado había ocupado el 29° lugar, cayó tres puestos y ahora está en el 32° puesto del listado. Asimismo, en la Encuesta CEP N°91 de 2024 un 69% de los encuestados afirmó considerar que la corrupción involucra «a todas o casi todas las personas del servicio público», afectando principalmente a los tres poderes del Estado: el Congreso, el Gobierno y los tribunales de justicia. En esa línea, el investigador Mauricio Salgado en el estudio «¿A quién le importa la corrupción?: Dinámica de la preocupación por la corrupción en Chile» analizó la percepción de los chilenos ante este fenómeno, usando la serie de encuestas del CEP aplicadas entre los años 2000 y 2025 como referencia. Según explicó Salgado, se analizaron las respuestas de todos los sondeos entre esos 25 años en las que ciudadanos mencionan la corrupción entre los tres principales problemas a los que el Gobierno debiera dedicar mayor esfuerzo en solucionar. «Cuando las personas cuando mencionan la corrupción, obviamente están manifestando una inquietud respecto de este fenómeno que compite con otros, como delincuencia o salud. Es decir, las personas deben estar realmente preocupadas como para mencionar la corrupción dentro de los tres principales problemas que el Gobierno debe resolver», mencionó el académico. En concreto, habría un punto de inflexión el año 2015, luego de que se destaparan los escándalos del caso Caval, Penta-SQM y el financiamiento ilegal de la política.
Fuente: Emol.com
