El seis por ciento de la superficie chilena corresponde a terrenos aptos para la producción agropecuaria. Son 5 millones de hectáreas de las cuales apenas unas 800.000 no tienen impedimentos físicos de relieve y anegamientos.
Así las cosas, en este exiguo 6% de la superficie nacional, conviven explotaciones agrícolas, forestales, ciudades que crecen, y recientemente (y en preocupante aumento), parcelas de 5.000 m2, utilizadas con fines habitacionales.
Como veíamos anteriormente, del total de la superficie cultivable apenas 800 mil hectáreas son de excelente calidad. El resto son suelos con limitaciones tanto físicas, como de relieve, que hacen aumentar considerablemente los costos del trabajo agrícola.
Y en el desierto del norte, y las enormes superficies de bosques, montañas y estepas del sur, se hace difícil y caro proyectar la producción de alimentos para los chilenos.
De esta forma es de suma importancia una preocupación mayor por proteger estos suelos; y por otro lado generar los incentivos suficientes para mantener una actividad agropecuaria competitiva y sostenible en el tiempo.
El problema es que en este último aspecto nuestro país ha tenido una política más bien tibia, permitiendo que al margen de la ley se formen verdaderos “condominios” de parcelas de media hectárea. Y en ciudades como Osorno, se privilegie el crecimiento a lo largo y lo ancho, y no en altura, destinando suelos de alta calidad para la agricultura, a propósitos habitacionales.
Lo anterior no debe leerse como una negación al derecho de disponer de un bien propio. Pero si debe ser un llamado de atención a la falta de acción de las instituciones encargadas de velar por el correcto uso del escaso recurso suelo que tenemos.
En materia de planificación, el desarrollo lateral de las ciudades, además de ejercer una enorme presión sobre la superficie agrícola, implica mayores costos de infraestructura y un permanente conflicto campo ciudad, donde los basurales, perros abandonados, se transforman en un paisaje comunes en el límite urbano rural.
Es claro que nuestra sociedad debe empezar a asumir que la conservación de los suelos tiene una importancia estratégica para el país.
Por eso, nuestras autoridades deben asumir con responsabilidad las acciones que sean necesarias para preservar este recurso.
José Antonio Alcázar, gerente general de Sago.
