Un remezón político vive el Palacio de La Moneda tras las recientes declaraciones del director de ProCultura, Alberto Larraín, quien negó haber financiado campañas políticas y en particular la del Presidente Boric, luego de que se filtrara un diálogo clave entre la representante legal de la fundación y una mujer llamada Lucía, donde esta última asegura que Larraín le confesó haber gastado dinero de ProCultura en la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021.
Si bien el aludido desmiente categóricamente el uso de fondos en campañas, el Ministerio Público asegura que existe una confesión directa que motivó incluso la solicitud de intervención del teléfono del presidente Boric. El Ejecutivo ha intentado eludir el tema, apuntando responsabilidades a los gobiernos regionales y recién ayer por la tarde la vocera subrogante Aysén Etcheverry fijó la posición de la Moneda.
En paralelo, la tensión también escala dentro del oficialismo. El diputado por el distrito 26 y jefe de la bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, fue tajante: no hay espacio para respaldar a Larraín.
Por su parte, el exministro Rodrigo Delgado e Isabel Plá descartaron que los proyectos investigados hayan sido promovidos bajo el gobierno de Sebastián Piñera, como argumenta Larraín. Desde la oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, insistió en que “esto no es espionaje, sino que es una investigación sobre financiamiento ilegal de campañas”.
Los números son inquietantes: durante el período en que asumieron los gobernadores regionales, 15 de los 16 eran de izquierda. Fue entonces cuando, según antecedentes de Fiscalía, comenzó una entrega sistemática de recursos a ProCultura, con al menos ocho regiones involucradas y más de 90 casos bajo la lupa.
