A la espera de iniciar el procedimiento de liquidación voluntaria, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Nº20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, se encuentra la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., quien recordemos durante este viernes ingresó un requerimiento a tribunales para afrontar el volumen de deuda corriente que asciende a más 44 mil millones de pesos, sin perjuicio de las garantías asociadas a las obras en particular en nuestra región el by pass de Castro.
En el escrito ingresado al 9º Juzgado Civil de Santiago, la compañía explicó su decisión aludiendo a dos grandes causas: (1) que cambios estructurales en la industria de la construcción y (2) burocracia de los mandantes públicos, en especial el MOP, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales.
Según información suministrada por la Compañía, estas situaciones fueron advertidas al mandante desde comienzos del 2021. Ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, los abogados de la compañía explicaron que la situación ya había sido informada hace meses “se informó de esta situación a autoridades regionales (Gobernador, Consejeros Regionales, Alcalde, Delegado, Seremis) y a las pasadas y actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas”.
Al respecto, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, desmintió a la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela que culpó al MOP de la quiebra.
Desde la empresa detallaron la existencia de atrasos en el curso de los estados de pago mensuales incumpliendo la ley de pago a 30 días; retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar, reteniendo capital de trabajo necesario para la correcta ejecución de las obras; no recepción y finiquito de obras terminadas, con la consiguiente retención de estados de pago finales y la retención de boletas de garantía, cuya renovación por largos períodos ha llevado a la empresa a incurrir en gastos financieros excesivos y a limitar su capacidad económica para recontratar y dar continuidad a su operación.
A lo anterior agregaron que durante los últimos meses han realizado “presentaciones y reclamos frente a las autoridades públicas respecto del impacto del alza de los costos y el impacto en los plazos, que, según la información de la Compañía, representan riesgos no contemplados en una situación de normalidad en los tiempos que fueron contratados los proyectos. Estas solicitudes que comenzaron a presentarse desde comienzo de año no fueron consideradas, sin embargo, hoy la Compañía ve una situación distinta de las autoridades y esta medida no es oportuna para enfrentar nuestra situación actual”.
En esa marco, el ministro de Obras Públicas, comentó que la firma registraba irregularidades en el pago con sus trabajadores por lo que además deslizó una advertencia.
Respecto de las obras en Chiloé, agregaron que “la Compañía aceptó la adjudicación este proyecto, cuya complejidad había llevado a otra empresa constructora a solicitar su término anticipado en el año 2018, bajo la premisa que no se repetirían los problemas originales, esto es, la paralización por falta de definiciones y autorizaciones del Consejo de Monumento Nacionales”.
Desde lla empresa agregan que “el compromiso tanto del Consejo de Monumentos Nacionales como del Ministerio de Obras Públicas de dar rápida solución a estos problemas, no se cumplió y las paralizaciones originadas en hallazgos arqueológicos impidieron la continuidad operacional de la obra generando retrasos y mayores costos que hasta la fecha no han sido pagados a la empresa”.
Así las cosas, indicaron que “reflejo de lo anterior es que hoy se encuentran en trámites dos convenios de pagos cuyos orígenes datan de agosto de 2021, y que implica un retraso del Ministerio de Obras Públicas en pagar 3.196 millones de pesos”.
“A pesar de ello no se obtuvo ninguna solución para la empresa que igualmente dio avance al desarrollo de la obra que presenta hoy un 73%”, aseveran.
En ese contexto, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, señaló que “ahora nuestra principal preocupación es retomar estas 10 obras a la brevedad y, para este propósito, ya estamos trabajando para ofrecer soluciones a todas las regiones afectadas por el abandono de obras de la empresa Claro Vicuña”.
En lo concreto, la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A. que en la Región de Los Lagos estaba a cargo de las faenas del bypass de Castro, procederá a desvincular a más de 2.500 personas y descontinuar la adquisición de productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño.
