Una alerta intergremial levantaron las principales asociaciones empresariales del país por la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente está elaborando los reglamentos de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
«Puede generar un congelamiento de la actividad productiva» o «estamos frente a una posible expropiación regulatoria», son algunas de las advertencias de los gremios que se unieron hoy para expresar su «profunda preocupación» frente al proceso que está llevando a cabo la cartera dirigida por Maisa Rojas.
El telón de fondo de esta situación tiene relación con 99 polígonos en distintas zonas del país que están en proceso de ser declarados «sitios prioritarios» por parte del ministerio. Esta denominación deriva de la Ley 21.600, que implementó el SBAP, aprobada en junio de 2023 y promulgada en septiembre del mismo año.
En términos simples, la normativa creó instrumentos de protección y gestión de la biodiversidad, entre ellos los sitios prioritarios, una figura que comenzó a utilizarse en los años 2000, pero que la nueva ley mandató analizar científica y técnicamente para acotarlos y protegerlos formalmente.
El problema —según el sector privado— es que, a su juicio, dicha determinación requería reglamentos que entregaran un marco claro, el cual hoy no existe. Por el contrario, afirman que la ambigüedad de la ley ha llevado al Ministerio del Medio Ambiente a establecer unas bases metodológicas y abrir una consulta pública para definir —vía decreto— 99 sitios prioritarios, donde se limitarían ciertas actividades, como extraer tierra de hoja, destruir nidos o recolectar ejemplares de especies nativas de plantas, algas, hongos y líquenes.
Se estima que serían cerca de 4 millones de hectáreas las que están bajo revisión por parte del ministerio, lo que podría afectar de manera significativa a diversos sectores productivos.
Declaración conjunta
Así, para expresar la fuerte inquietud del mundo privado frente a este tema, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de la Sonami, Jorge Riesco; el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría; el presidente de SalmonChile, Arturo Clément; el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan; el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval; la vicepresidenta de la SNA, Carolina Cruz; y la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cerda, emitieron una declaración conjunta.
El escrito, leído ante la prensa por Riesco, líder del principal gremio minero del país, parte señalando que «los principales gremios productivos del país manifestamos nuestra profunda preocupación ante la forma en que se están elaborando los reglamentos de la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
«Valoramos que Chile cuente con una legislación que proteja nuestra biodiversidad y reconocemos la importancia del SBAP como instrumento para el desarrollo sostenible. Sin embargo, necesitamos que los reglamentos resguarden el espíritu de la ley: que sean claros, compartidos por todos y que respeten los derechos adquiridos», añadió.
En ese sentido, los gremios expresaron que «nos preocupa profundamente que al término de este gobierno se firmen apresuradamente decretos de amarre que determinarán el futuro productivo de Chile y que difícilmente se podrán corregir después».
Por eso, los empresarios solicitaron extender el plazo de la consulta pública para permitir un análisis técnico profundo del listado de 99 sitios prioritarios. «10 días hábiles más no son suficientes», manifestaron. También pidieron conformar mesas de trabajo multisectoriales que involucren a todos los sectores productivos afectados.
Asimismo, llamaron a «asegurar el respeto a los derechos adquiridos y a las actividades económicas preexistentes», además de «considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación que tanto necesita el país».
«Congelamiento productivo»
Luego la líder del gran empresariado, Susana Jiménez, tomó la palabra. «Vemos con mucha preocupación iniciativas como esta, que básicamente, a través de decretos exentos. se están estableciendo sitios prioritarios que son una extensión de áreas protegidas en sectores y áreas que son de derecho privado, y donde hay iniciativas de inversión de todos estos rubros».
«Esto virtualmente puede generar un congelamiento de la actividad productiva, cuando el crecimiento económico ha sido la bandera que todos han levantado como necesaria para el crecimiento del país», subrayó. «El llamado es a tomar las cosas con el debido tiempo, con los procedimientos y con una visión integral de lo que el país necesita».
Mientras que Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), recordó que «la cantidad de proyectos detenidos por temas ambientales es innumerable. Esto es parte de lo que explica lo estancada que está nuestra economía y de lo retrasado que estamos en eso».
«Esta es una barrera adicional en ese sentido que en lo único que contribuye es a ahuyentar inversiones. Por eso es la importancia de este tema. Realmente es un problema grave para la inversión, el crecimiento y para los ciudadanos», afirmó.
«Expropiación regulatoria»
En tanto, Riesco alertó que esta normativa puede afectar gravemente a proyectos mineros en curso, debido a la incertidumbre que está generando esta conducta administrativa. «Estamos frente a una posible expropiación regulatoria, en la que se le impide realizar al dueño los atributos más esenciales de su propiedad privada sin ninguna compensación. Eso tiene que llamarnos a alerta».
«Estamos siendo excluidos de un tema que ha sido monopolizado por un sector que cree que tiene la exclusividad de las medidas correctas para proteger al medio ambiente: las autoridades, el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente», concluyó el presidente de la Sonami.
Fuente: Emol.com
