La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente buscará ampliar el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León en el marco de la investigación que enfrenta por eventual fraude al fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.
La ofensiva apunta a incorporar nuevos antecedentes, entre ellos la contratación en 2021 de Shigue Ogino como personal de apoyo parlamentario, quien habría sido destinado a labores vinculadas a un call center electoral en la sede de la UDI. Además, el Ministerio Público indaga el contrato de Belén Carrasco, esposa de Arnaldo Domínguez —excolaborador del exlegislador y actualmente en prisión preventiva—, que según la investigación habría operado como un eventual sobresueldo.
A ello se suma que, según conocedores de la causa, Lavín León habría continuado emitiendo boletas ideológicamente falsas incluso mientras avanzaba la investigación penal y el proceso de antejuicio previo a su formalización, un antecedente que genera inquietud en el Ministerio Público.
La fiscalía también busca sumar delitos electorales contemplados, relacionados con el uso y eventual comercialización de datos del padrón electoral, luego de que Lavín León y Domínguez habrían accedido a registros entre 2018 y 2024 para incorporarlos a la aplicación SocialTazk, plataforma desarrollada por el coimputado Felipe Vázquez con cargo a asignaciones parlamentarias, pese a que habría tenido fines comerciales.
La arista abre además un debate jurídico sobre si corresponde un nuevo antejuicio cuando aparecen nuevos hechos, especialmente considerando que Lavín ya no ejerce como parlamentario.
